La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, reveló la situación financiera y administrativa que encontró al asumir el cargo el pasado 7 de agosto.
Tras un mes al frente de la cartera, la funcionaria aseguró que recibió un ministerio con “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” y anunció medidas para proteger los recursos públicos destinados al sector salud.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con recursos comprometidos que no llegaron a convertirse en obligaciones. De acuerdo con el Ministerio, en agosto de 2026 el rubro principal de estas asignaciones contaba con una apropiación de $4,4 billones. De ese monto, $4,3 billones estaban comprometidos, pero solamente $1,3 billones habían sido obligados y pagados, lo que representa una diferencia cercana a $2,9 billones.
La revisión también alcanzó 28 resoluciones que contemplaban 176 proyectos por más de $490.000 millones. Según la cartera, 108 de esos proyectos, por aproximadamente $365.604 millones, todavía no tenían registro presupuestal. Cerca del 83 % de ese valor correspondía a proyectos de infraestructura.
Ante este panorama, Vesga tomó una primera decisión apenas tres días después de asumir. El 10 de agosto expidió una circular interna mediante la cual suspendió temporalmente los nuevos procesos de contratación, contratos y convenios, así como los contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos existentes. Las excepciones quedaron condicionadas a una justificación y autorización previa del despacho de la ministra.
Pero la revisión también derivó en posibles denuncias de corrupción. El Ministerio informó que conoció posibles hechos irregulares relacionados con estas asignaciones y los puso en conocimiento de las autoridades.
La propia ministra presentó el 5 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables por la posible comisión de delitos contra la administración pública. Además, entregó un audio para que las autoridades determinen su autenticidad y valor probatorio.
Vesga advirtió que los recursos serán sometidos a una revisión detallada y que la información será cruzada con resoluciones, proyectos, beneficiarios, soportes técnicos y jurídicos y registros presupuestales.
“El Ministerio es absolutamente claro: jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre”, señaló la cartera.
La ministra cerró su pronunciamiento asegurando que cada irregularidad será denunciada y que su instrucción será mantener una “transparencia absoluta” en el manejo de los recursos de la salud.