El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó en declaraciones a los medios de comunicación que varios de los grupos armados ilegales que hay en el país han enviado comunicaciones al Gobierno para buscar una salida negociada a las armas.
“Muchas. Se les ha dado respuesta”, contestó cuando le preguntaron qué agrupaciones han establecido esa comunicación, pero no quiso dar nombres argumentando que se trata de información de carácter reservado.
Lo que sí dijo el ministro es que la única vía para procesos de este tipo sería la ley de sometimiento, la apuesta del Gobierno que aún no ve la luz porque apenas será presentada al Congreso:
“Se les ha contestado por escrito que no hay ninguna negociación ni hay estatus político. Ya lo veremos cuando se apruebe la ley de sometimiento”.
El funcionario reconoció que en algunas de esas comunicaciones los grupos han pedido beneficios, pero les han respondido que deben esperar la ley de sometimiento para que se puedan acoger a esas reglas. Y reiteró que no habrá posibilidad de estatus político, suspensión de órdenes de captura o extradición.
Según explicó el ministro de Justicia en las últimas horas, en esa iniciativa de ley de sometimiento se habla de la posibilidad de que los criminales puedan acceder a una rebaja de pena entre el 30 y el 50 %.
“Para las personas que tengan mando, la rebaja será del 30 % y para los demás del 50 %, y hay algunas circunstancias que van a jugar para mejorar o no, pero siempre dependiendo del aporte y el cumplimiento de las condiciones de entrega”, dijo.
Asimismo, quienes se acojan a la ley, una vez aprobada, tendrán que entregar las armas y la totalidad de los bienes que hayan obtenido de manera ilegal, y deberán proporcionar información que aporte al desmantelamiento de estructuras y que haya una reparación efectiva a las víctimas.
En entrevista con Vicky Dávila, Cancino había entregado detalles de esa propuesta que será presentada al Congreso:
“Es una ley de sometimiento a la Constitución. No hay zonas para concentraciones de largo tiempo sin compromiso frente a la ley. Y, sobre todo, jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley”.
El ministro de Justicia afirmó que los únicos interlocutores serían los congresistas y las entidades interesadas o que puedan terminar impactadas, especialmente de la rama judicial como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.