El ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, defendió el texto de la Ley de Sometimiento aprobado en la Plenaria del Senado y aseguró que el resultado de la discusión representa un avance para la política criminal del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
El funcionario destacó los cambios introducidos durante el debate y sostuvo que la iniciativa mantiene condiciones estrictas para los integrantes de organizaciones criminales que busquen acogerse a este mecanismo.
Tras la votación en la Cámara Alta, Cancino calificó la discusión como un ejemplo de lo que debe ser el debate democrático y resaltó que algunas proposiciones fueron acogidas y otras rechazadas.
“Se trata de eso, de construir sobre la diferencia”, afirmó el ministro encargado, quien anunció que se trasladaría a la Cámara de Representantes para acompañar la discusión del proyecto, que todavía debe superar ese trámite legislativo.
“Esperamos poder hacer realidad que sea ley de la República lo más rápido posible”, agregó.
Sobre los principales ajustes que tuvo la iniciativa, Cancino explicó que se estableció la obligación de entregar un inventario completo de bienes por parte de quienes pretendan someterse a la ley. Además, señaló que se fijó un límite de seis años para acceder a la libertad condicional, uno de los puntos que generó discusión durante el trámite.
El funcionario también destacó que el periodo de vigencia de la ley pasó de diez a cuatro años y que se eliminó un artículo que facultaba al Ministerio del Interior para manejar como reservados algunos gastos relacionados con la seguridad pública.
Cancino insistió en que el proyecto no contempla beneficios automáticos para los integrantes de estructuras criminales y que el incumplimiento de las condiciones establecidas tendrá consecuencias judiciales.
“No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de órdenes de extradición, no hay un proceso de negociación, por eso se llama un proceso de sometimiento y es una ley de orden público”, enfatizó.
En ese sentido, aseguró que quienes incumplan los requisitos serán expulsados del mecanismo y enviados inmediatamente a la justicia ordinaria. También subrayó que el articulado contempla medidas de respeto a los derechos de las víctimas y sanciones contra los responsables de reclutamiento.
“Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja o de condiciones para la libertad condicional”, sostuvo.
Finalmente, el ministro encargado consideró que el Senado aprobó un texto “sólido” y “fuerte”, que, a su juicio, recoge las condiciones planteadas por el Ejecutivo y se ajusta a la política criminal del presidente Abelardo De La Espriella.