A las 9:00 a. m. de este martes, 3 de noviembre, las plenarias de la Cámara y el Senado empezarán a debatir en conjunto la Ley de Sometimiento del presidente Abelardo De La Espriella, la segunda prueba de fuego que enfrenta en el legislativo en los primeros tres meses de esta administración.
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, recordó que en la noche de este lunes festivo, después de casi ocho horas de debate, la Plenaria dio un paso importante en la Ley de Sometimiento porque se aprobó la ponencia positiva.
“Se escucharon las diferentes bancadas, se negó la ponencia de archivo, se aprobó por amplias mayorías la ponencia y avanzamos en la votación de dos artículos”, reportó.
Y anunció: “Este martes, desde las 9:00 a. m., retomaremos la Plenaria hasta culminar con la aprobación. El país necesita decisiones y seguimos dando el debate asumiendo la responsabilidad de legislar, que es lo que nos corresponde”.
Esta Ley de Sometimiento busca redefinir las condiciones legales para la desarticulación y entrega a la justicia de estructuras de crimen organizado en el país.
El proyecto tiene los tiempos ajustados. Deberá ser aprobada antes del 4 de noviembre, es decir, este miércoles, para que se convierta en una ley en Colombia, porque ese día se vence la actual Ley 418 de 1997 (conocida como la Ley de Orden Público o de Sometimiento en el país).
Aunque parece una misión compleja, los sectores gobiernistas colocaron el pie en el acelerador y, pese a las trabas de la oposición, este lunes festivo lograron su primera gran victoria.
El objetivo es que hoy martes las dos plenarias aprueben esta ley y el miércoles, 4 de noviembre, tengan el tiempo suficiente para conciliarla.
Por eso, a juicio de distintos sectores políticos, esta iniciativa radicada por el exministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, le permitirá al presidente De La Espriella confirmar qué tanto manejo tiene hoy del Congreso.
En la ley, que tiene 22 artículos y 17 páginas, uno de los temas importantes son las condiciones para el tratamiento penal diferenciado a los grupos armados, según dicha propuesta.
“Los actores armados ilegales o terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley deberán manifestarlo de manera libre, expresa y debidamente informada, por escrito, ante el Gobierno nacional, a través del interlocutor que sus integrantes designen para tal efecto”, se lee en el documento.
Igualmente, hacer dejación de las armas, en las condiciones y bajo los mecanismos de verificación que se dispongan para el efecto. También identificar y entregar, sin dilación, a la niñez reclutada, a las personas secuestradas y a las personas desaparecidas que se hallen bajo su control.
Los grupos armados interesados deberán cesar toda actividad ilícita y afectaciones a la población civil, así como “comprometerse con el desmantelamiento, la entrega de información sobre los nexos políticos de la organización, líneas de corrupción que atenten contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia y con su tránsito efectivo hacia la legalidad”, dice la ley.
Y habla de los términos aplicables en la Ley de Sometimiento e incluye “la rebaja punitiva del 50 % de la pena acumulada según los aportes a la verdad y la reparación de las víctimas, así como las contribuciones al desmantelamiento que puedan ser verificadas. Esta aplica a los delitos cometidos con ocasión de su pertenencia al actor armado ilegal o terrorista. En caso de ejercer rol de liderazgo, la rebaja punitiva será del 30 %”.