La nueva ley que prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto hasta antes del 31 de octubre de este año, cuando comienza oficialmente la campaña para las elecciones de 2026, tiene a los ciudadanos y precandidatos a ciegas sobre cómo avanza la carrera para los comicios en los que se definirá el nombre del sucesor de Gustavo Petro.
La normativa contó con la firma de tres decenas de congresistas y fue aprobada de forma exprés en el Legislativo. Entre sus promotoras hay dos precandidatas presidenciales, las senadoras Clara López y Paloma Valencia, y también está Angélica Lozano, pareja sentimental de la precandidata Claudia López.
Sin estudios que midan el sentir político de cara a los comicios, los ciudadanos no tienen claro quiénes perfilan una opción real de convertirse en candidatos y los precandidatos van a ciegas sobre si seguirán siendo viables o no sus proyectos políticos.
“Esto ha llevado a que aparezca nueva información que trata de sustituir lo que divulgaban las encuestas. Ahora están circulando estudios que ni siquiera tienen ficha técnica y que nadie responde por ellos. Prohibieron la fuente de información que sí tiene ficha técnica, que tiene una empresa que responde y un CNE que le regula”, consideró Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría.
El único sondeo que se ha publicado hasta ahora fue hecho por esa firma para SEMANA con el fin de medir la intención de voto para la consulta interna del Pacto Histórico, que salió a la luz porque ese sector político tiene una elección programada para el 26 de octubre.
Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, defendió que la ley “propende por la mejor calidad de la información debido a que un estudio de intención de voto sin candidatos inscritos y con cerca de 80 personas con intereses de ser candidato no es un análisis serio”.
La Invamer Poll número 168, que se divulgó en agosto, constó de 152 páginas en las que en todas las mediciones esa firma señaló que no podía publicar la información por cuenta de que, debido a esa regulación, “no es posible informar cómo van las cosas en Colombia”. Las encuestadoras afirman que hay vacíos jurídicos que las obligan a actuar con cautela hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.
Otra consecuencia tiene que ver con que realizar estos análisis será más costoso porque la ley obliga a encuestar a más personas en más zonas del país, lo que hará que los estudios de opinión política valgan entre 40 y 50 por ciento más, mientras que los precios de los de intención de voto, frecuentemente contratadas por los medios de comunicación, podrán duplicar sus precios. Mientras más caras sean las encuestas, menos frecuente será su publicación.
“Esto hace que la información de las encuestas termine siendo un privilegio para unos pocos. La ciudadanía está quedando en manos de las redes sociales, información desestructurada, bodegueros y hasta encuestas falsas hechas por actores a los que no se les está exigiendo dar sustento a lo que publican”, dijo Martín Orozco, director de Invamer.
La agremiación de las encuestadoras, la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación, se unió para presentar demandas contra esta norma ante la Corte Constitucional. La primera de ellas ya fue admitida para estudio y hay dos más en proceso.
En esas demandas se alega que el tema debía tramitarse como ley estatutaria, también que se trata de una censura informativa y que se pone en riesgo el cumplimiento del habeas data, pues las encuestadoras terminan obligadas a enviar al CNE cada una de las respuestas de los encuestados. La senadora Valencia defiende que sí pueden publicarse encuestas, mas no divulgarse estudios de intención de voto.
“No es una ley mordaza, es una ley que reconoce que la decisión del voto se va construyendo a medida que avanza el debate electoral”, consideró la congresista. Si la Corte Constitucional no dirime este debate en las próximas semanas, solo hasta el primero de noviembre podrían publicarse nuevas encuestas que documenten la intención de voto de los colombianos.