La administración de Gustavo Petro va de salida, pero sus huellas quedarán. Esas marcas no son precisamente las reformas sociales que alcanzó o la paz total, sino pequeños movimientos que se están dando en varias entidades del Estado en medio de la transición hacia el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
El presidente saliente está dejando cambios de último momento en las delegaciones diplomáticas de Colombia en el exterior, en las notarías del país y hasta giros de recursos del sistema de salud para las comunidades indígenas.
La movida más reciente es un borrador de resolución del Ministerio de Salud con el que la cartera que dirige Guillermo Alfonso Jaramillo pretende entregarle 300.000 millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para asuntos del sistema de salud indígena.
El documento será firmado por el ministro Jaramillo y en este se le otorgan a las comunidades indígenas los recursos que pertenecían a la Entidad Promotora de Salud Indígena Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I), en medio de la transición a un esquema de salud encabezado por los pueblos que llevará el nombre de Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
El tema resulta polémico para los actores del sistema porque, como indicaron fuentes a SEMANA, Colombia está a unos días del cierre del gobierno, la decisión se da en medio del proceso de empalme y cuando la administración entrante pide que se clarifique cómo están las finanzas del Estado.
También hay movimientos en la Cancillería. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han hecho nombramientos para consulados ubicados en Ecuador y Venezuela de personas que no hacen parte de la carrera diplomática y a quienes les entregaron cargos provisionales.
El mismo vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya le pidió a la Cancillería suspender los nombramientos en provisionalidad en las oficinas de Colombia en el exterior, sin embargo, su llamado no ha sido escuchado por la administración saliente de Petro.
Restrepo hizo ese mismo llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través de una carta que le envió al director de esa entidad, Augusto Rodríguez, pidiéndole frenar los nombramientos de carácter provisional. Una de las preocupaciones tiene que ver con que quienes están siendo designados podrían tener acceso a información sobre la seguridad del próximo jefe de Estado y de los líderes de su Gobierno.
Al catálogo de nombramientos se estaría sumando la designación de nuevos notarios en diferentes territorios del país, una tarea que está a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, dependencia que depende del Ministerio de Justicia.