Un nuevo rifirrafe se desató entre el presidente Gustavo Petro y la candidata Paloma Valencia a propósito de la reforma pensional y el manejo de los recursos de los trabajadores, en medio de interpretaciones opuestas sobre lo que permite, o no, la normativa vigente.
La controversia se originó luego de que Valencia cuestionara al Gobierno por un presunto uso indebido de los ahorros administrados por los fondos privados, asegurando que no pueden ser trasladados anticipadamente a Colpensiones y advirtiendo sobre un eventual uso de esos recursos para cubrir obligaciones de corto plazo.
La senadora también pidió la intervención del Consejo de Estado y negó haber demandado la reforma laboral.
En respuesta, el presidente Petro señaló que la reforma pensional aún no ha entrado en vigor y atribuyó esa situación a una demanda que, según él, fue impulsada por la senadora ante la Corte Constitucional. El mandatario sostuvo que, mientras tanto, rige la Ley 100 y que esta no permite que un trabajador permanezca simultáneamente en dos regímenes pensionales.
Petro rechazó las acusaciones sobre un posible uso indebido de los recursos y afirmó que el Estado, por el contrario, destina anualmente recursos del presupuesto para cubrir el pago de pensiones.
En esa línea, aseguró que el Gobierno transfiere cerca de 12 billones de pesos a Colpensiones como subsidio pensional, desmintiendo que exista un flujo de recursos en sentido contrario.
El jefe de Estado también defendió que los ahorros pertenecen a los trabajadores y no a las administradoras privadas, y que, cuando un afiliado decide trasladarse a Colpensiones, los fondos están obligados a transferir esos recursos. Según Petro, la negativa a hacerlo implicaría afectar la rentabilidad de los cotizantes.
El cruce de declaraciones incluyó señalamientos directos. Mientras Valencia habló de una “jugada” del Gobierno, el presidente calificó sus afirmaciones como falsas y acusó a sectores financieros de retener recursos que, a su juicio, deben pasar al sistema público cuando así lo decide el afiliado.
La implementación de la reforma pensional sigue en suspenso mientras la Corte Constitucional define su futuro.