El presidente Abelardo De La Espriella oficializó el decreto de emergencia económica, social y ecológica por los graves estragos que dejó el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.
El documento contempla medidas excepcionales durante 30 días para los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
El decreto se justificó con las cifras que deja la tragedia. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 319 personas han fallecido, 4.469 están heridas, 260 han sido reportadas como desaparecidas y 364 han sido rescatadas por los organismos de socorro.
Los números son preocupantes: “151.995 viviendas averiadas; 30.803 viviendas destruidas; 5.809 edificios averiados; 302 edificios colapsados; 349 centros de salud afectados; 3.513 centros educativos afectados; 4.994 centros comunitarios afectados; 450 vías afectadas; 110 acueductos afectados; 70 puentes vehiculares afectados; 14 puentes peatonales afectados; cinco aeropuertos afectados”.
En el decreto se estipuló que el estado de emergencia económica, social y ecológica tendrá un término de 30 días calendario, con el fin de enfrentar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre en los territorios.
El artículo 3.° indica: “El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa, las medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y dispondrá las operaciones presupuestales y de crédito público necesarias para llevarlas a cabo”.
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto podría costar hasta $ 30 billones de pesos. Para atender la situación, algunos empresarios y miembros del sector privado han donado dinero y anunciado acciones en Pereira, Cali y Chocó, los sectores con mayor destrucción reportada hasta ahora por la UNGRD.