Un proyecto de ley que busca establecer reglas para el transporte intermediado por plataformas digitales y modernizar el servicio público de taxi fue radicado en la Cámara de Representantes bajo el nombre de ‘Ley por allá sí voy’.
La iniciativa consta de 23 artículos y pretende reconocer legalmente los viajes en vehículos particulares solicitados mediante aplicaciones, sin equiparar a las plataformas con empresas transportadoras.
El proyecto está firmado por los representantes Mauricio Andrés Toro Orjuela y Catherine Juvinao Clavijo, de la Alianza Verde; Daniel Felipe Briceño Montes y Santiago Castro Gómez, del Centro Democrático; Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, del Centro Democrático; Simón Molina Gómez, del movimiento Creemos; María del Mar Pizarro García, del Pacto Histórico; y la senadora María Lucía Villalba Gómez, del Nuevo Liberalismo.
Uno de los principales cambios es la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP), incorporado al RUNT. Allí deberán inscribirse las plataformas, sus operadores, los conductores y los vehículos.
Para los conductores, el texto establece como requisitos mínimos la licencia vigente y el certificado de antecedentes judiciales, y contempla el registro de quienes hayan realizado al menos diez servicios en una plataforma durante un año.
La iniciativa también permitiría operar con vehículos particulares sin cambiar sus placas, siempre que cumplan las condiciones técnicas, de seguridad y de aseguramiento que establezca la reglamentación.
Además, obligaría a las plataformas a contratar pólizas de responsabilidad civil para pasajeros y terceros, implementar mecanismos de emergencia y transparentar las comisiones y los precios.
En materia laboral, propone verificar los aportes de los conductores independientes a la seguridad social y garantizar la revisión humana de suspensiones o desactivaciones de cuentas.
También plantea modernizar la regulación del taxi, habilitar tarifas dinámicas cuando opere mediante aplicaciones y desmontar gradualmente las reglas que permiten negociar cupos.
Otro punto central es una contribución del 1,5 % del ingreso neto de cada viaje, asumida por las plataformas y destinada a formación de conductores, vivienda, salud, mantenimiento vial y sustitución de vehículos de tracción animal.
La propuesta establece un periodo de transición de doce meses desde la expedición de su reglamentación. Su eventual aplicación dependerá de que complete el trámite legislativo y sea promulgada como ley.