La Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax Nacional) emitió un comunicado acerca del proyecto de ley que busca radicar el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño.
El funcionario plantea una iniciativa legislativa en la que busca establecer garantías a los miles de conductores del país que prestan sus servicios a través de plataformas como Uber, Cabify y Didi y que reciben sanciones económicas por parte de las autoridades a través del comparendo D.12.
Para Briceño, muchos de estos usuarios “son tratados como delincuentes” durante los procesos de verificación por parte de los agentes.
Esta semana radicaremos un proyecto de ley para darle debido proceso a los conductores de Uber, Cabify, DIDI y otras plataformas cuando les vayan a imponer el comparendo D12. 1. Ninguna autoridad de tránsito podrá revisarles el celular 2. Tampoco pueden interrogar pasajeros. 3. Habrá debido proceso en la imposición del comparendo en todo el país. Los conductores de plataformas NO son delincuentes, son gente honrada que trabaja para llevar el pan a su casa. Al tiempo instamos al presidente @DELAESPRIELLAE y a la ministra @elsanoguerabaq a regular de una vez por todas las plataformas de movilidad en el país.
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 27, 2026
Su propuesta, por medio del proyecto de ley, consiste en prohibirles a las autoridades revisar los celulares de los conductores para verificar si hacen uso de una aplicación de movilidad.
Respuesta del gremio de taxistas
El gremio de taxistas, a través de su líder, Hugo Ospina, expresó su rechazo al proyecto de ley que busca radicar el representante Daniel Briceño.
Ospina argumenta que, desde la Ley 1753 de 2015, el Decreto 2297 de 2015 y la Resolución 2163 de 2016, el país cuenta con reglas para las plataformas tecnológicas que intermedian el servicio público.
El líder del gremio añadió que a inicios de 2020, el Ministerio de Transporte señaló que en el país se encuentra prohibido prestar el servicio público de transporte por medio de un vehículo particular.
“No estamos en contra de la tecnología. Estamos en contra de que se preste un servicio público con vehículos que no cumplen ninguna de las cargas del servicio público”, comentó.
Para la asociación, un carro particular o una motocicleta que se encargue de transportar a una persona a cambio de dinero no está realizando un transporte privado, sino que presta un servicio público sin habilitación.
“Llamarlo ‘movilidad colaborativa’ o ‘servicio privado’ no cambia su naturaleza; solo busca eximirlo de las obligaciones que la ley y la Corte exigen para proteger a los usuarios”, afirmó.
El gremio hace una invitación a los empresarios, propietarios, conductores y líderes del sector taxi a no respaldar proyectos que, según ellos, ponen en riesgo los derechos de reposición y la sostenibilidad de la actividad.
Ospina también al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte escuchar las propuestas del gremio ante este tema:
- Garantizar igualdad de cargas entre los taxis y los vehículos vinculados a plataformas.
- Mantener la tarifa regulada para todo servicio individual de pasajeros.
- Respetar y proteger los derechos de reposición del parque automotor de taxis.
- Convocar al gremio de taxistas a las audiencias públicas del trámite legislativo.
“Queremos un debate serio. El taxi ha cumplido las reglas durante décadas y lo único que pide es que las reglas sean iguales para todos”, concluye Ospina.