El procurador general Gregorio Eljach se refirió a la decisión del Consejo de Estado contra el expresidente del Senado Iván Name y se pronunció sobre si esto podría tener algún impacto en la reforma pensional que se aprobó en el Congreso cuando el exsenador de la Alianza Verde presidía esa corporación.
“Hay que tramitar las cosas en los escenarios naturales que son. Si hay alguna duda sobre la legitimidad o la legalidad, están la Corte Constitucional y los entes de justicia para dirimir eso”, aseguró Eljach.
El procurador general dijo que el Consejo de Estado se pronunció puntualmente acerca de la pérdida de investidura sobre una condición particular, no sobre una validez del trámite de la reforma al sistema de pensiones, por lo que considera que no es el tema central de la decisión.
“No es pertinente a esa sentencia, pero podría tener consecuencias; lo determinará la justicia”, afirmó Eljach.
El procurador también habló de otros asuntos. Se refirió a un supuesto caso de falso positivo en medio de un operativo del Gobierno en Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lideradas por Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.
Eljach dijo que hasta ahora tiene la misma información que los medios de comunicación, pero que se están recabando detalles con las autoridades locales. Además, en el territorio está un delegado nacional indagando qué pudo haber sucedido para que haya sanciones disciplinarias de ser necesario.
Sobre el fallo del Consejo de Estado al que hizo referencia Eljach, en el documento se detalla que el exsenador habría incurrido en un supuesto tráfico de influencias mientras se debatía la reforma pensional en el Congreso.
“Se configuró, por lo tanto, el ejercicio indebido de influencias en el que, gracias a su investidura y a su calidad de presidente del Senado de la República, gestó el trámite de la reforma pensional, apartándose de sus funciones de presidente y competente para dirigir las sesiones”, indicó el fallo.
Por su parte, Name se refirió a esa decisión del alto tribunal. “Ratifico lo dicho en todos los escenarios en que he sido requerido por la justicia: los hechos y las conductas por las que se me sindican no son ciertos”, afirmó.
Además, habló de una “empresa criminal” que saqueó los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y, según él, “orientó su propósito a ocultar a sus verdaderos responsables y dimensiones, inculpándome con testigos y pruebas falsas, como prontamente se sabrá”.