JUDICIAL

Las claves del fallo contra el exsenador Iván Name por favorecer irregularmente el trámite de la reforma pensional del Gobierno Petro

Para el Consejo de Estado, el congresista de la Alianza Verde incurrió en una “conducta indigna”, hecho por el cual se hizo merecedor de la pérdida de investidura.

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25 de septiembre de 2026 a las 8:04 p. m.
El Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura para el senador Iván Name.
El Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura para el senador Iván Name. Foto: Colprensa

Iván Leonidas Name Vásquez tocó el cielo con las manos al ser elegido en 2023 como presidente del Senado. Su elección coincidió con uno de los momentos de mayor enfrentamiento entre el Legislativo y el entonces gobierno de Gustavo Petro.

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Justo para ese periodo legislativo, el Ejecutivo había anunciado la presentación de sus proyectos de reforma más ambiciosos, entre estos, la reforma pensional.

El debate representaba un pulso entre poderes.

Fue en esta discusión que se desencadenaron los hechos por los cuales el exsenador Name recibió la más drástica sanción que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura para el exsenador Iván Name.
El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura para el exsenador Iván Name. Foto: 1. Colprensa / 2. Consejo de Estado

En fallo de primera instancia, el Consejo de Estado determinó que, para agilizar los debates y votaciones, el entonces senador incurrió en un tráfico de influencias.

Y es que, como se resalta en el fallo de 129 páginas, el congresista de la Alianza Verde habría recibido una alta suma de dinero con el fin de favorecer, principalmente, la reforma pensional, impulsada por el Gobierno Nacional.

Name habría acordado recibir sobornos en una reunión con el director de la UNGRD, Olmedo López (cuyo testimonio fue clave), y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

El expresidente del Senado Iván Name se encuentra detenido por haber recibido, al parecer, 3.000 millones de pesos en efectivo.
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En esta acción habría intervenido, además, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.

Según el expediente penal, la cifra sería de 3.000 millones de pesos, los cuales habría recibido en efectivo entre los días 13 y 14 de octubre de 2023, en su domicilio, en el nororiente de Bogotá.

El fallo advierte que la conducta desplegada por el entonces congresista resultó contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general.

“Se configuró, por lo tanto, el ejercicio indebido de influencias en el que, gracias a su investidura y a su calidad de presidente del Senado de la República, gestó el trámite de la reforma pensional, apartándose de sus funciones de presidente y competente para dirigir las sesiones”, señala el fallo.

Para esto, habría cedido el poder a la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, “a sabiendas de las consecuencias de su conducta apartada de los fines constitucionales; conducta indigna de un congresista que transgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación”.

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El alto tribunal indicó que, por su experiencia y trayectoria, el senador de la Alianza Verde sabía que esto era una irregularidad.

“Su experiencia como congresista durante distintos periodos institucionales y la calidad que ostentó como presidente del Senado evidencian que el entonces senador conocía y comprendía a cabalidad los deberes inherentes a la investidura parlamentaria; las limitaciones, prohibiciones y el alcance del ejercicio que asumió derivado del mandato popular; los principios orientadores de su función; y las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la labor legislativa”, advirtió el alto tribunal.

“De ahí que no se tratara de la inobservancia del deber de cuidado que le era exigible o de una desatención elemental, sino de la intención premeditada y consciente de frustrar la confianza de su electorado y, de suyo, anular el principio de representación democrática, así como la dignidad y el decoro del cargo, al perseguir ventajas personales que se antepusieron al interés público”, complementó.

Exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz.
Exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz. Foto: Suministrada a SEMANA - API

Desde mayo de 2025, Iván Name se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá. Esto, mientras se adelanta el proceso penal en su contra en la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.