El expresidente del Senado, Iván Name, recibió este viernes, 25 de septiembre, una de las sanciones judiciales más fuertes que existen para los congresistas en Colombia: la pérdida de investidura.
Esto, por su responsabilidad en el tráfico de influencias que se presentó en el desvío de contratos de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Para el Consejo de Estado, existen pruebas suficientes para concluir que el excongresista de la Alianza Verde utilizó su cargo e influencia para obtener beneficios de una organización criminal.
Así fue la entrega de las maletas con los tres mil millones de pesos en efectivo para el senador Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AbRK2MvKzd
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2024
En la decisión se tuvieron en cuenta las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; así como el exsubdirector del riesgo de esa entidad, Sneyder Pinilla.
Este último tuvo un papel fundamental en los hechos materia de investigación puesto que fue la persona encargada de trasladar el dinero en efectivo hasta la casa del senador en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá.
Name, quien se encuentra privado de su libertad en un centro carcelario desde mayo de 2025, enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Según la acusación, en octubre de 2023, el entonces presidente del Senado habría recibido un soborno con el fin de citar a debate proyectos en los cuales el gobierno Petro tenía especial interés, entre ellos, el proyecto de reforma pensional.
Fiscalía revela los movimientos de las camionetas de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, que llevaron los tres mil millones de pesos al senador Iván Name. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nwJMk8ZiiH
— Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2024
La entrega de los sobornos se habría fijado en el conocido “cónclave” -revelado en exclusiva por SEMANA- y en el cual participaron el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
Los dos exfuncionarios enfrentan actualmente un proceso penal por este caso de corrupción.
Conducta indigna
Para el Consejo de Estado, el excongresista Iván Name incurrió en una “conducta indigna”, omitiendo las funciones constitucionales que había jurado defender.
Desde su importante cargo, el senador habría recibido dádivas para impulsar el trámite legislativo con recursos del erario, destinados a atender las necesidades del departamento de La Guajira.
Para el máximo tribunal de lo contencioso administrativo la conducta desplegada por el entonces congresista resultó contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general.
“Se configuró, por lo tanto, el ejercicio indebido de influencias en el que, gracias a su investidura y a su calidad de presidente del Senado de la República, gestó el trámite de la reforma pensional, apartándose de sus funciones de presidente y competente para dirigir las sesiones, cediendo dicho poder a la senadora María José Pizarro, a sabiendas de las consecuencias de su conducta apartada a los fines constitucionales; conducta indigna de un congresista que trasgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación”, señala la decisión.
Con esta decisión, Name no podrá aspirar a un cargo o función pública; y mucho menos contratar con el Estado.