Para la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en 32 masacres que se registraron en los Montes de María entre los años 1999 y 2001 existió una coparticipación activa entre agentes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
Esta es una de las principales conclusiones del auto mediante el cual se citó a imputación de cargos a nueve exintegrantes de la Armada y dos exagentes de la Policía Nacional.
“Estas masacres se cometieron en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la Fuerza Pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales”, señaló la vicepresidenta de la JEP, Diana María Vega Laguna.
Los exintegrantes de la Fuerza Pública fueron citados a responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En los casos mencionados se cita la existencia de 284 víctimas mortales.
En la investigación, la Sala determinó que estos actos de violencia estuvieron dirigidos a comunidades campesinas que fueron estigmatizadas como" supuestas colaboradoras" de las Farc.
La JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exintegrantes de la Armada y dos exagentes de la Policía por 32 masacres en los Montes de María. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ScDfqYItyp
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026
Tras las masacres, existió un “terror colectivo” en la población sobreviviente que tomaron la decisión de desplazarse por miedo a una nueva intervención armada.
“La Sala determinó que las masacres y las conductas criminales asociadas no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón de violencia contra la población civil. Este se desarrolló mediante un entramado de relaciones entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales”, precisa la imputación.
En este caso, se presentó un “alineamiento estratégico” entre la Fuerza Pública y los paramilitares que se “manifestó a través de acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información”.
Todo esto, facilitó los “desplazamientos” de los grupos armados ilegales por la zona. “Para su configuración no fue necesaria la existencia de una organización única, un mando común o relaciones permanentes de subordinación entre sus integrantes”.
En 15 de las 32 masacres, la Sala documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales, y violencias contra mujeres y niñas. En tres hechos ilustrativos (Capaca, El Salado y Chengue) fueron identificadas 73 víctimas de las distintas formas de violencia examinadas.
Los cuatro casos
- Capaca, El Bongal y Campo Alegre: la masacre ocurrida los días 16 y 17 de agosto de 1999 dejó trece personas asesinadas, una desaparecida y hechos de violencia sexual y basada en género.
- El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra: la incursión paramilitar de febrero de 2000 dejó al menos sesenta víctimas mortales, además de desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, violencias sexuales y basadas en género, desplazamientos forzados e intimidaciones.
- El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo: la incursión paramilitar ocurrida entre el 9 y el 17 de octubre de 2000 dejó trece víctimas mortales. La sala examinó el conocimiento institucional sobre la presencia paramilitar y la existencia de elementos de articulación entre actores militares, políticos y paramilitares.
- Chengue: en enero de 2001, una incursión paramilitar dejó veintiocho homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones colectivas, quema de viviendas, violencia sexual y desplazamiento forzado. La comunidad había advertido reiteradamente a distintas autoridades estatales sobre el riesgo de una incursión.