La infraestructura energética volvió a quedar en el centro de las preocupaciones por la seguridad en Colombia. Esta vez, el blanco fue la Central Hidroeléctrica de Amaime, propiedad de Celsia, ubicada en zona rural de Palmira, Valle del Cauca, donde se registró un ataque con explosivos durante la tarde de este martes 10 de noviembre.
De acuerdo con las primeras versiones, los responsables habrían utilizado dispositivos no tripulados, tipo drones, para lanzar los explosivos contra la infraestructura. El ataque habría afectado la casa de máquinas de la generadora, situada en la vereda La Esperanza, a unos 40 minutos del casco urbano de Palmira.
Tras lo ocurrido, tropas adscritas al Batallón de Ingenieros n.º 3 Coronel Agustín Codazzi adelantan operativos en la zona. Hasta el momento, las autoridades del Valle del Cauca no han entregado un balance oficial sobre los daños ni información sobre los responsables.
Celsia condenó y rechazó el atentado contra la central, que hace parte de las 40 plantas de generación de energía que la compañía tiene en Colombia y Centroamérica. Amaime entró en operación en 2011 y cuenta con una capacidad instalada de 19,9 megavatios.
El hecho también encendió las alertas en el sector energético. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) condenó el ataque y pidió al Gobierno Nacional implementar un plan integral para proteger este tipo de infraestructura.
“Los ataques contra la infraestructura energética no solo afectan a las empresas que prestan un servicio público esencial, sino que ponen en riesgo la seguridad de sus trabajadores, la continuidad del suministro eléctrico y el bienestar de millones de colombianos”, afirmó Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio.
Además, señaló: “Desde Acolgen hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional y al presidente Abelardo De La Espriella para que, en coordinación con las autoridades competentes, fortalezca e implemente un plan integral de protección de la infraestructura energética, con medidas preventivas, mecanismos de reacción oportuna y esquemas de seguridad que respondan a las condiciones particulares de las instalaciones estratégicas del sector eléctrico”.
La preocupación no es nueva. En marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciaron que tuvieron que suspender una visita a Hidroituango por alertas sobre sobrevuelos de drones en la presa. En esa zona también se han conocido amenazas y presiones extorsivas contra la hidroeléctrica y otros proyectos futuros sobre el río Espíritu Santo, atribuidas a las disidencias del Frente 36.
El ataque en Palmira vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las instalaciones que sostienen el suministro eléctrico, en un momento en que el país también enfrenta preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño.