La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa de trabajo con los secretarios de gobierno departamentales de varias de las gobernaciones del país para socializar la Directiva 06 de 2026, expedida por el procurador Gregorio Eljach, con la que se busca prevenir las consecuencias del fenómeno de El Niño, que se espera para el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027 en varias regiones del país.
En el encuentro, que fue organizado a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios en articulación con la Federación Nacional de Departamentos (FND), y en el que estuvieron los encargados de la gestión del cambio climático en varios de esos departamentos, se explicó que la directiva tiene como propósito fortalecer las acciones institucionales para controlar los efectos del cambio climático.
En ese sentido, en el encuentro, el Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades territoriales para avanzar en la formulación de planes de mitigación frente al fenómeno de El Niño, que podría tener impactos en la disponibilidad del agua, la producción agropecuaria y la seguridad energética.
“La mesa de articulación permitió definir tareas conjuntas y fortalecer la coordinación interinstitucional para unir esfuerzos alrededor de estrategias de adaptación al cambio climático, priorizando acciones preventivas que permitan reducir riesgos y anticipar afectaciones en materia de seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética, especialmente en los territorios con mayores condiciones de exposición y vulnerabilidad”, informó la Procuraduría.
En el encuentro se pidió que se pueda actuar de manera anticipada frente a los desafíos del cambio climático, por lo que se insistió en la prevención y la planeación territorial para proteger a las comunidades y garantizar que haya resiliencia en los lugares en los que hay alertas por efectos del cambio climático.
“La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, afirmó la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
En ese sentido, se anunció un seguimiento preventivo al cumplimiento de esta directiva por parte de las gobernaciones y entidades territoriales, así como a las medidas de prevención que se desarrollen.
Desde la Procuraduría informaron que el seguimiento “buscará fortalecer la capacidad institucional de los territorios, promover la articulación interinstitucional y advertir oportunamente riesgos que puedan comprometer la seguridad hídrica, alimentaria y energética del país, en cumplimiento de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación”.