Las alertas electorales en Colombia muchas veces surgen muy lejos de Bogotá. En municipios apartados, corregimientos y zonas rurales, y la presión a votantes o el uso indebido de recursos públicos suele convertirse en uno de los mayores retos para las autoridades.
Por eso, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional de vigilancia y control territorial con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
A través de la Directiva 010 de 2026, el Ministerio Público reiteró las prohibiciones que tienen los servidores públicos frente a la indebida participación en política y activó un esquema de seguimiento en todo el país.
La operación involucra a procuradurías regionales, provinciales y distritales, que serán las encargadas de hacer vigilancia preventiva, recibir denuncias y acompañar los procesos electorales en cada territorio.
Este trabajo hace parte de la estrategia comunicacional la Paz Electoral 2.0, con la que la Procuraduría busca fortalecer la vigilancia institucional antes, durante y después de las elecciones, especialmente en zonas donde existen mayores riesgos de irregularidades, presiones políticas o afectaciones al orden democrático.
El objetivo es evitar que los servidores públicos utilicen sus cargos en el Estado para favorecer campañas, presionar ciudadanos, usar bienes públicos con fines políticos o intervenir en controversias electorales.
La directiva también ordena fortalecer la coordinación con las comisiones regionales y municipales de seguimiento electoral, un punto clave para garantizar el monitoreo permanente en los territorios.
Entre los aspectos centrales de la iniciativa está el enfoque preventivo. La Procuraduría insiste en que la prioridad es evitar que ocurran faltas disciplinarias antes de tener que sancionarlas. Por ese motivo, parte del trabajo en las regiones consiste en advertir a alcaldes, gobernadores y demás funcionarios sobre las restricciones legales durante la campaña electoral.
La entidad recordó las conductas no permitidas, sin que se consideren las únicas:
- Utilizar bienes o recursos públicos para favorecer campañas políticas.
- Presionar a subalternos o ciudadanos para apoyar candidatos o partidos.
- Participar en actividades de proselitismo aprovechando el cargo.
- Difundir propaganda política a través de canales o medios institucionales.
- Intervenir en controversias políticas desde funciones oficiales.
- Utilizar la autoridad del cargo para influir en procesos electorales.
El desafío más grande sigue siendo llegar a las zonas más apartadas del país, donde las dificultades de acceso y conectividad complican la presencia institucional. “Hay territorios donde ni siquiera existe una comunicación estable por celular. Son regiones históricamente abandonadas y con enormes dificultades institucionales. Pero precisamente por eso el trabajo tiene que ser más preventivo y pedagógico”, advirtió el procurador general, Gregorio Eljach.
La Procuraduría ordenó mantener una vigilancia permanente durante todo el calendario electoral y reforzar la articulación entre las distintas dependencias territoriales. Los ciudadanos pueden denunciar irregularidades ante las procuradurías regionales, provinciales y distritales, o por medio de los canales digitales habilitados por la entidad.
Para conocer más de esta estrategia o denunciar, puede ingresar a www.procuraduria.gov.co y a la sede electrónica PGN, y visitar las ventanillas de atención presencial en las sedes a nivel nacional. También, puede comunicarse a las líneas telefónicas (601)5878750 opción 1 o a la línea nacional 018000940808 opción 1.