La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, encendió las alarmas al poner en conocimiento una serie de presuntas irregularidades detectadas en esa entidad, que salpicarían a la administración anterior del expresidente Gustavo Petro.
Los casos que encendieron la preocupación, se concentraron en un comunicado de prensa en el cual Prosperidad Social puso de presente punto por punto cada hecho.
Suárez también indicó: “Encontramos contratos y donaciones dudosas e injustificadas con ejecución concentrada en el periodo de campaña presidencial, nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos, y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya información, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados”.
Estos son los hallazgos:
* Contratos por altos montos con una ejecución concentrada en los meses de la campaña presidencial, para establecer su justificación, ejecución, cumplimiento y destinación de los recursos.
* Actuaciones relacionadas con más de una decena de nombramientos en cargos de provisionalidad, frente a las cuales no se verifica el cumplimiento de requisitos y de las normas asociadas a la carrera administrativa, denunciadas por el sindicato. Cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución, sobre los cuales no se encontró información suficiente: soportes por revisar y procesos de legalización o cierre cuyo estado debe ser establecido.
* Más de 900 contratos de prestación de servicios de los que no está verificada su necesidad. Entrega de donaciones sin claridad de beneficiarios finales, concentradas en el primer semestre de 2026. Procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas que también están siendo verificados.
“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, insistió la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez.
Sobre los hallazgos, la entidad fue clara en advertir que podrían traer consigo “implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a los organismos de control y autoridades competentes, con respeto por el debido proceso”.