La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley anticapuchos, que busca sancionar penalmente a quienes cometan actos vandálicos en las manifestaciones y cubran su rostro.
Con 20 votos a favor y 2 en contra se logró ese paso fundamental para avanzar en la discusión y ahora pasará a segundo debate en la Plenaria de la Cámara.
El debate fue álgido. La oposición presentó una ponencia de archivo que fue respaldada por 15 congresistas, especialmente del Pacto Histórico y sectores afines, pero otros 21 la negaron y continuaron con la discusión del articulado.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, aclaró que el proyecto de ley no busca prohibir el uso de la capucha como tal en las manifestaciones, sino que se crearía un delito penal que sanciona con cárcel a quienes utilicen este elemento para realizar actos vandálicos.
Triana aclaró que las víctimas del vandalismo, como los comerciantes y quienes tengan locales, se verían beneficiados y no tendrían que denunciar a sus victimarios, sino que con esta norma las autoridades podrían adelantar esta gestión sin necesidad de la denuncia.
El representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, otro de los autores junto a Triana, aseguró que es posible realizar protestas pacíficas y sin utilizar una capucha y que él mismo ha participado y liderado movilizaciones en las que no se ha necesitado recurrir a la violencia.
Desde el petrismo reclamaron que la iniciativa supuestamente iría en contra de la Constitución y que la Corte ha establecido que el uso de la capucha como tal no implica un delito. Incluso, varios reconocieron haber estado en manifestaciones y haber cubierto su rostro y algunos hasta sacaron su capucha en medio del debate.
A pesar de esos argumentos del petrismo, la Comisión Primera terminó respaldando la iniciativa, que no deja de generar debate en el país.
El proyecto propone que se cree un nuevo delito penal denominado “acto vandálico” para quien oculte su identidad durante una manifestación.
El sancionado podría incurrir en una pena de 54 a 96 meses de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos.
“Además, la pena aumenta entre la mitad y dos terceras partes cuando se utilicen elementos peligrosos o cuando el ataque afecte lugares especialmente protegidos, como colegios, hospitales, organismos de socorro, bienes culturales o servicios públicos esenciales”, dice el articulado.
Asimismo, quienes obstruyan vías y afecten el orden público podría ser sancionado con 54 a 96 meses de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad de ejercer cargos públicos.