La abogada Natalia López Fuentes será la encargada de liderar el Ministerio del Trabajo durante el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
Su designación pone al frente de esa cartera a una jurista con trayectoria tanto en el sector público como en el académico, cuyo perfil combina experiencia en Derecho Administrativo, gestión pública y asuntos laborales.
Oriunda de Montería, Córdoba, López Fuentes es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de esa misma institución, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana.
A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en diferentes entidades públicas. Entre ellos se destacan su paso como directora territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, asesora jurídica de la Gobernación de ese departamento, gerente para el Desarrollo Social y defensora pública delegada en asuntos administrativos.
También fue delegada del presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), además de desempeñarse como docente universitaria.
Desde el equipo del presidente electo, su nombramiento está acompañado por una hoja de ruta enfocada en el mercado laboral.
Entre las prioridades planteadas para su gestión figuran la reducción del desempleo y de la informalidad, el fortalecimiento de los emprendedores y la promoción de condiciones de trabajo digno en el país.
También buscará consolidar un ministerio con mayor uso de tecnología e innovación, bajo criterios de eficiencia y austeridad administrativa.
Otro de los ejes anunciados para su administración será la interlocución con empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales. La ministra designada ha manifestado que su intención es mantener un ministerio “de puertas abiertas”, con prioridad para el diálogo y los mecanismos de concertación al abordar las reformas y los desafíos del mundo laboral.
Asimismo, se plantea fortalecer las acciones de prevención, promover el cumplimiento de la normatividad laboral y combatir prácticas como el acoso y cualquier forma de abuso en los lugares de trabajo.