El senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, informó en sus redes sociales que la Defensoría del Pueblo gastó 66 millones de pesos en murales para sus sedes, aparentemente, con contenido político.
Él accedió a los datos cuando le preguntó a la entidad sobre la estrategia de “las cuchas tienen razón”, una controvertida pintura que hace alusión a las madres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia.
Al reclamar por la situación, se le dijo a Cadavid que la instalación de los murales obedeció a una instrucción verbal impartida directamente por la defensora Iris Marín, y que no fue formalizada en un acto administrativo.
“La entidad sostiene que la estrategia hacía parte de su misión constitucional y de su labor pedagógica en materia de derechos humanos”, planteó el congresista del Centro Democrático.
A renglón seguido, cuestionó: “¿Hasta dónde puede llegar una entidad la promoción de una consigna determinada sin comprometer la percepción de independencia e imparcialidad que debe caracterizar su actuación?”.
Esa iniciativa, según las cuentas en poder de Cadavid, costó 66.778.252 pesos y fueron asumidos con los recursos del presupuesto de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en 17 sedes regionales.
Los reparos de Cadavid fueron más allá. Él recordó que estos gastos se hicieron cuando la defensora advirtió públicamente que necesitaba más recursos para cumplir con la misionalidad de la entidad.
El senador alegó: “Estarían usando sus recursos para propagar un mensaje político en lugar de destinarlos prioritariamente a la protección y defensa de los derechos humanos de todos los colombianos”.
El congresista, que también es el vocero del partido de Álvaro Uribe, concluyó que las sedes de las entidades públicas no están destinadas para llenarlas de grafitis “al antojo del funcionario de turno”.
En un debate en la Corte Constitucional sobre el mural de “las cuchas tienen razón”, la Defensoría defendió que la pintura constituye un discurso con protección de la ley porque hace referencia a graves violaciones de derechos humanos.
“Preserva la memoria histórica del conflicto armado, reivindica los derechos de las víctimas a la verdad y la memoria y contribuye a la búsqueda de la verdad como uno de los pilares de la justicia transicional”, se lee en un comunicado de la entidad.
Para la Defensoría, la frase representa un reconocimiento público al conocimiento, la persistencia y la lucha de las madres buscadoras, quienes durante años denunciaron hechos que posteriormente fueron corroborados por las autoridades.