El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no pasa por un buen momento. Desde que salió de su cargo ha enfrentado una cascada de investigaciones penales tras su paso por la multinacional petrolera.
SEMANA tiene en su poder la denuncia presentada por la organización Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, conocido por ser defensor de las víctimas de las Farc.
En ese oficio, hoy en poder de las autoridades gringas, se mencionan presuntos hechos ilícitos que involucraría a Roa. SEMANA lo reveló el 13 de junio de 2026 y cobra vigencia porque, al parecer, fue clave para que EE.UU. le suspendiera la visa al exejecutivo petrolera.
En Estados Unidos, ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), fueron denunciados Ricardo Roa, Carlos Julián Caicedo –su pareja– y su familiar Joan Sebastián Caicedo, así como Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá. La solicitud también apunta a cuatro particulares: Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza, con quienes se habrían registrado elevados movimientos de dinero en la coyuntura electoral.
Según conoció SEMANA, estas personas tendrían transacciones por altos montos en cuentas en el extranjero. En esa presunta triangulación de dinero, también hay empresas como Bull Ingeniería SAS, Cetco SAS, Dacar Lawyers e Investments SAS, que resultan recurrentes y, según la denuncia, podrían haber sido el canal para justificar y supuestamente “lavar” el dinero que se habría movido, en cabeza del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Según el documento, “pudieran estar actuando como intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras”.
Las acusaciones que llegan a Estados Unidos no son de poca monta: piden que se investigue la existencia de “posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales, vínculos financieros con organizaciones criminales o personas investigadas por actividades ilícitas”.
El nombre de Ricardo Roa aparece en varios escándalos porque fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 y el Consejo Nacional Electoral, tras una decisión de la sala plena, lo sancionó con una multa que supera los 5.300 millones de pesos.
Por este mismo tema, la Fiscalía le imputó cargos recientemente.
Este martes, por ejemplo, el país conoció que un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico por una deuda de 450 millones de pesos que data de la fecha de la campaña Petro presidente en 2022.
La obligación es por un préstamo del 18 de mayo de 2022, a días de la primera vuelta presidencial, y como pasaron los cuatro años, incluso en los que ese partido fue gobierno, y esa deuda no se saldó, la demandante está haciendo la reclamación.
La obligación, inicialmente, recaía sobre el gerente de esa campaña, Ricardo Roa, quien a la postre ocuparía la presidencia de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia.
Pero como este no cumplió la obligación, el Pacto Histórico deberá responder.
Roa, durante su paso por Ecopetrol, vio cómo una de sus cuentas fue embargada. La Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) fue la empresa que transportó al candidato Gustavo Petro y a los aspirantes al Congreso del Pacto Histórico durante esa campaña.