El Pacto Histórico no pasa por sus mejores momentos. Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de sus cuentas bancarias por una deuda de 450 millones de pesos que data de la fecha de la campaña Petro presidente en 2022.
La obligación es por un préstamo del 18 de mayo de 2022, a días de la primera vuelta presidencial, y como pasaron los cuatro años, incluso en los que ese partido fue gobierno, y esa deuda no se saldó, la demandante está haciendo la reclamación.

Ahora, deberán pagarle los 450 millones de pesos más intereses.
La obligación, inicialmente, recaía sobre el gerente de esa campaña, Ricardo Roa, quien a la postre ocuparía la presidencia de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia.

Pero como este no cumplió la obligación, el Pacto Histórico deberá responder.
Roa, durante su paso por Ecopetrol, vio cómo una de sus cuentas fue embargada. La Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) fue la empresa que transportó al candidato Gustavo Petro y a los aspirantes al Congreso del Pacto Histórico durante esa campaña.
Según documentaron medios como La Silla Vacía, por ese servicio prestado entre febrero y marzo de 2022, la firma presentó una factura de 1.109 millones de pesos y puso como comprador a Ricardo Roa.

El cobro de esa factura entró a las cuentas de la campaña, luego de ser radicada ante la Dian. El trámite a seguir era que la reposición de votos de la campaña Petro presidente aliviara ese pasivo.
Como eso no sucedió, el 18 de noviembre de 2024, la firma Sadi demandó a Roa, quien, como presidente de la campaña, firmó el contrato con la empresa transportadora.
Un mes después, un juzgado civil de Bogotá admitió la demanda contra Roa y libró mandamiento de pago por los 1.109 millones de pesos, más los intereses.
Ante el silencio de Roa frente a la demanda, señaló La silla: en enero de 2025, el juez decidió embargar sus bienes.
La lista de inmuebles afectados con la decisión, indicó la nota periodística, incluye un apartamento que Roa compró en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos.
Esa transacción metió a Roa en otros líos, porque la realizó al comprarle a una firma ligada al negocio de minas e hidrocarburos, negocio competencia de Ecopetrol, la compañía estatal bajo su dirección.
Ese motivo llevó a la Procuraduría a abrirle una investigación por presunto conflicto de intereses.
