La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada, cada día está más acorralada. El cúmulo de pruebas que hay en su contra crece como espuma y la pone contra las cuerdas.
48 horas después del escándalo por falsificar su título de bachillerato y el profesional de la Universidad Nacional, guarda silencio porque cualquier respuesta que pronuncie no será suficiente para contrarrestar el ruido en su contra.
El Pacto Histórico, su partido político, le quitó su respaldo y este viernes, 20 de noviembre, le pidió públicamente su renuncia a la curul de representante.
“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”, dice el comunicado.
Estrada no atendió el llamado.
SEMANA conoció que hasta la tarde de este viernes, la representante antioqueña guarda prudencia y examina con sus abogados cuál es el camino más certero, pero a medida que pasan las horas su situación se complica.
Por ejemplo, este lunes, 23 de noviembre, el Comité de Ética del Pacto Histórico se reunirá y, en conjunto, decidirá quitarle la voz y el voto en la Plenaria de la Cámara de Representantes, una sanción con la que la izquierda busca enviar una señal al país de la molestia que existe por las actuaciones de Estrada. Además, es una forma de ejercer presión en su contra y lograr que renuncie a su curul en las próximas horas.
Sin voz ni voto, la dirigente política no podrá hacer intervenciones ni participar en las votaciones de la Plenaria del legislativo.
El Comité de Ética del Pacto Histórico está integrado por el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, Jorge Alberto Jurado Murillo, Juan Diego Castrillón y Diego Alejandro Guarnizo.
Al final, la decisión también recaerá en varias figuras de la colectividad, entre ellas, la exsenadora María José Pizarro, quien hasta hace algunas semanas tuvo que responder por qué contrató en la vicepresidencia del Senado a Deicy Jiménez, la mujer que denunció cómo sostuvo una relación sentimental con Gustavo Petro a cambio de millonarios contratos con el Estado.
Asimismo, el senador del Pacto, David Racero, hoy investigado porque puso a trabajar a personal de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Congreso en un negocio personal. Y también el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.
El expresidente de la República y hoy presidente del Pacto Histórico, Gustavo Petro, no se ha referido al tema. Y se ha dedicado en las últimas horas a divulgar información sobre las movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Este jueves, 19 de noviembre, Petro aprovechó su presencia en Cali para insistir en su discurso del fraude en las elecciones presidenciales y hasta de sugerir un golpe de Estado, pero no habló del escándalo que hoy enloda a su casa política.