En una iniciativa orientada a fortalecer las garantías procesales de los colombianos frente a la delincuencia, el senador Alfredo Deluque presentó un proyecto de ley que busca agilizar la recolección de pruebas audiovisuales en casos de hurto y otros delitos.
La propuesta legislativa pretende corregir un obstáculo recurrente en el sistema de justicia, donde las víctimas pierden material probatorio clave debido a la demora en los trámites judiciales para acceder a las grabaciones.
De acuerdo con el congresista, actualmente miles de ciudadanos que sufren episodios delictivos se enfrentan a la imposibilidad de obtener las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia privados o comerciales.
En la mayoría de los escenarios, cuando la Fiscalía emite la orden judicial correspondiente para requerir los videos, el material ya ha sido borrado de los servidores o ha transcurrido demasiado tiempo, afectando de manera directa el desarrollo de las investigaciones penales.
Entrega directa de evidencias a la Fiscalía General
La iniciativa parlamentaria plantea que las víctimas o denunciantes de un hecho punible puedan solicitar formalmente a los establecimientos y administradores de cámaras que remitan de manera directa los archivos de video, audio e imágenes a la Fiscalía General de la Nación.
Con este mecanismo, se eliminaría la exigencia de presentar una orden judicial previa únicamente para la recepción y reserva preventiva del material de seguridad.
El senador Deluque aclaró que la medida no implica la conversión automática de cualquier grabación en prueba judicial dentro del proceso penal.
Por el contrario, los archivos recaudados deberán someterse de forma rigurosa a los controles de autenticidad, legalidad y cadena de custodia por parte de los peritos de la Policía Judicial antes de ser valorados por un juez de la República.
Tecnología al servicio de las víctimas de la delincuencia
El proyecto de ley busca evitar que investigaciones penales fracasen por la pérdida extemporánea de evidencias que registran la identidad de los agresores o la dinámica de los hechos.
El parlamentario enfatizó que la infraestructura tecnológica instalada en las ciudades debe constituirse en una herramienta efectiva al servicio de la verdad y la administración de justicia.
Finalmente, la propuesta iniciará su trámite correspondiente en las comisiones constitucionales del Congreso de la República, donde se debatirá su alcance normativo.
La bancada promotora ratificó su compromiso de dotar a los ciudadanos de herramientas jurídicas que impidan la impunidad y protejan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.