El senador Óscar Villamizar acudió a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Dea) para poner en conocimiento de las autoridades estadounidenses una serie de señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer, relacionados con presuntas operaciones de narcotráfico, tráfico de armas y movimientos irregulares de dinero entre Colombia y Venezuela.
La comunicación, fechada el 14 de octubre y dirigida a la Dea, a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, surgió después de las declaraciones entregadas por Eva Ferrer a SEMANA el pasado 10 de octubre, en las que mencionó supuestas actividades ilícitas que involucrarían a Alcocer y personas de su círculo cercano.
Uno de los principales señalamientos que Villamizar trasladó a las autoridades estadounidenses está relacionado con presuntos viajes realizados entre Colombia y Venezuela en aeronaves oficiales que, según el relato de Ferrer, habrían sido utilizadas para transportar sustancias estupefacientes y dinero.
En su comunicación, el congresista expuso que Ferrer aseguró haber recibido información del empresario catalán Manel Grau Pujadas sobre supuestos cargamentos de droga movilizados durante esos desplazamientos.
También mencionó la existencia de fotografías en las que Alcocer aparecería descendiendo de una aeronave con maletas grises que, de acuerdo con esas versiones, contendrían narcóticos.
Otro de los episodios mencionados corresponde a un viaje realizado en enero de 2023, tras el cual presuntamente habrían ingresado a Colombia cerca de 2,5 millones de dólares de procedencia desconocida.
Según las afirmaciones atribuidas a Ferrer, parte de esos recursos habría estado destinada a respaldar la aspiración política de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, a la Gobernación de Sucre.
El documento también recoge señalamientos sobre una posible red de tráfico de armas en la que Ferrer mencionó a Enrico Romagnoli, así como supuestas operaciones financieras y movimientos patrimoniales en España.
Entre estos últimos figura una transacción inmobiliaria cercana a los tres millones de euros, en cuyo contexto fue mencionado el exembajador colombiano Eduardo Ávila.
No obstante, la propia comunicación enviada a la Dea reconoce que las declaraciones conocidas hasta ahora no aportan pruebas documentales suficientes para establecer la existencia de esas operaciones ni la responsabilidad de las personas mencionadas.
Ante estos hechos, Villamizar solicitó una investigación exhaustiva que permita determinar si existieron conductas delictivas con alcance internacional y establecer las eventuales responsabilidades.
La denuncia ante la Dea se suma a las actuaciones que el congresista ya había adelantado ante la Fiscalía General de la Nación.
El pasado 3 de agosto, Villamizar y el representante a la Cámara Jonathan Pineda presentaron una denuncia contra Alcocer por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación y tráfico de influencias de servidor público.
En esa oportunidad solicitaron, entre otras diligencias, examinar el patrimonio de la ex primera dama, obtener los audios completos de Ferrer y recibir testimonios de funcionarios y directivos de entidades estatales.
Además, mediante una nueva comunicación dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el 14 de octubre, Villamizar pidió evaluar la acumulación de las denuncias que guarden relación entre sí, con el propósito de evitar la fragmentación de las pruebas y facilitar el avance de las investigaciones.