La senadora Ana Paola García lanzó una fuerte advertencia sobre la situación que enfrentan los trabajadores de Cerro Matoso y calificó como una “masacre laboral” la suspensión masiva de contratos que, según aseguró, ya afecta a más de 500 empleados y podría tener un impacto sobre unas 10.000 personas que dependen directa o indirectamente de la actividad minera en Córdoba.
A través de un pronunciamiento, la congresista expresó su preocupación por las consecuencias sociales y económicas que tendría la decisión adoptada por la empresa, al señalar que cientos de familias podrían quedar sin su principal fuente de ingresos.
“La situación que viven hoy los trabajadores de Cerro Matoso es alarmante. Estamos hablando de más de 500 contratos suspendidos y de miles de personas que dependen de esta operación para su sustento”, sostuvo la senadora.
García también cuestionó que la compañía haya sustentado la medida en una presunta causal de fuerza mayor. A su juicio, existen dudas sobre si realmente se cumplen los requisitos legales para acudir a esa figura, por lo que pidió a las autoridades competentes revisar el caso y verificar si la decisión se ajusta a la normatividad laboral vigente.
“Es necesario que las autoridades determinen si se cumplen las condiciones para invocar la fuerza mayor y, sobre todo, que se garantice la protección de los derechos de los trabajadores”, manifestó.
La congresista anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación y aseguró que impulsará las acciones que considere necesarias para proteger el empleo y respaldar a las familias cordobesas que podrían verse afectadas por la suspensión de los contratos.
La denuncia se produce en medio de la crisis operativa que atraviesa Cerro Matoso por las restricciones en el suministro de gas natural. Desde comienzos de julio, la compañía ha advertido que la reducción en el abastecimiento obligó a disminuir progresivamente su producción y a adoptar medidas operativas y laborales, luego de señalar que la continuidad de la operación se encontraba en riesgo.
De acuerdo con la empresa, las limitaciones en el suministro de gas provocaron primero una reducción del 25 % de la operación y posteriormente el funcionamiento de la planta al 75 % de su capacidad.
Además, advirtió que, si las restricciones persistían, sería necesario detener de manera indefinida una de sus dos líneas de producción, con efectos sobre el empleo, la contratación de bienes y servicios y la economía regional.