La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, le hizo un llamado a la nueva ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, para que revise y considere derogar el Decreto 234 de 2026, expedido durante el gobierno de Gustavo Petro y relacionado con las reglas de negociación colectiva y las garantías para las organizaciones sindicales.
La congresista cuestionó duramente el alcance de la norma y aseguró que esta “le entregó superpoderes a los sindicatos”, al considerar que impone nuevas obligaciones a las empresas y podría tener efectos sobre la productividad y los costos de operación.
Uno de los principales reparos de Posada está relacionado con el acceso de las organizaciones sindicales a información de las compañías.
Según la senadora, el decreto obliga a las empresas a entregar información financiera a los sindicatos, incluso cuando esta pueda estar relacionada con asuntos que las compañías consideran parte de sus secretos empresariales.
La congresista también puso el foco en las negociaciones sindicales por sectores. De acuerdo con su cuestionamiento, este mecanismo establece obligaciones para las empresas independientemente de su situación económica, lo que, en su opinión, podría generar mayores costos de producción, especialmente para las pequeñas y medianas compañías.
Posada también advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener el fortalecimiento de los fueros sindicales. La senadora sostuvo que estas garantías podrían convertirse en una limitación para las empresas y calificó esa posibilidad como “verdaderas camisas de fuerza”.
Otro de los puntos que cuestionó está relacionado con el pago de cuotas sindicales. La senadora afirmó que el decreto establece que todos los trabajadores deberán asumir este pago, incluso quienes no estén afiliados a una organización sindical. Para Posada, esta disposición constituiría una especie de “impuesto” en favor de los sindicatos.
A partir de estos cuestionamientos, la senadora del Centro Democrático pidió a la ministra Natalia López evaluar la posibilidad de desmontar la norma.
“La derogatoria de este decreto sería un paso fundamental para recuperar la confianza empresarial en el país y la libertad económica de los colombianos”, sostuvo.