El presidente Gustavo Petro se metió en la discusión que se ha generado en la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras los reclamos que se han hecho desde uno de los sindicatos de escoltas de la entidad por varias razones.
El mandatario pidió que se pueda dispersar una protesta que se instaló a las afueras de la entidad, habló nuevamente del nazismo y de supuestas “mafias” dentro de la entidad que se verían beneficiadas.
“Ordeno al director de la Policía Nacional despejar la UNP sin violencia, pero con contundencia, para que la gente amenazada pueda obtener los servicios del estado que se merece. Orden: despejar las instalaciones de la UNP y entregarlas al servicio público”, dijo el mandatario.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó esta solicitud. “Este bloqueo no goza de legalidad pues afecta un servicio esencial y pone gravemente en riesgo la vida de personas protegidas (líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos)”, dijo el jefe de esa cartera.
Ante la orden del mandatario, en las últimas horas se registró la presencia de miembros de la UNDMO, quienes tenían como objetivo dispersar esa protesta que hasta el momento ha venido siendo pacífica.
El sindicato reclama por varios hechos. Uno está relacionado a una ampliación de planta que se aprobó y que tiene en alerta a la entidad porque se quiere dejar lista antes de que finalice el Gobierno.
Asimismo, protestan por el presupuesto de la entidad, pues lo que estaba destinado para el 2026 ya se habría utilizado, por lo que se se han solicitado adiciones presupuestales y el Gobierno entrante tendría que manejar esa papa caliente.
La UNP ha generado discusiones entre el gobierno saliente y el entrante sobre los contratos de la entidad y los esquemas de protección. Desde el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella alertaron de una provisión de 6.000 cargos y un multimillonario contrato para el servicio de escoltas.
Eso generó que el pasado viernes, 17 de julio, un equipo de la Procuraduría llegara a revisar esos hechos. Allí les pidieron explicaciones a las directivas de la entidad y recopilaron información necesaria para sus investigaciones.
Uno de los contratos que más llamó la atención fue uno por 78.000 millones de pesos en el que se contempla la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas en las zonas 1 y 2 del Programa de Protección.
De La Espriella ha dicho que tiene especial preocupación por ese contrato, pues allí estaría el esquema del presidente entrante y los miembros de ese gabinete.