Ante los recientes mensajes que ha publicado el presidente de la República, Gustavo Petro, en los cuales manifestó que se “pondrá al frente” en la segunda vuelta presidencial promoviendo al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, fue radicada una acción popular ante las autoridades judiciales.
Recurso que presentó el exministro de justicia, Wilson Ruiz, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que busca que esa corporación judicial decrete medidas cautelares de urgencia en contra del mandatario colombiano, para que se le prohíba esa supuesta participación en política favoreciendo a un candidato en particular, aprovechándose de la figura de jefe de Estado.
“El anuncio del Presidente de la República en calidad de servidor público con plena investidura como símbolo de la unidad nacional al tenor del art. 188 de la Carta Política, a la vez, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa según los artículos 115 y 188 ibidem, contraría el juramento que efectuó al posesionarse en ese cargo referido a cumplir la Constitución y las leyes y la obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y, especialmente, el imperativo regulado en el artículo 209 ejusdem, consistente en que la “función administrativa está al servicio de los intereses generales” que se desarrolla con fundamento, entre otros, de los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad y el deber de coordinar sus actuaciones “para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, al tenor del artículo 209 ejusdem”, se desprende de la acción popular que conoció SEMANA.
Y argumenta la petición: “Precisamente, al fijar el contenido y alcance de esa norma constitucional, el Consejo de Estado reiteradamente ha sostenido que la “moralidad administrativa” es “un derecho colectivo que puede ser defendido por cualquier persona, del cual se destacan estas características: -es un principio que debe ser concretado en cada caso; -al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; -en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza.”.
“Como medida cautelar preventiva de urgencia, solicito al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que (i) proceda a ordenar al Presidente de la República Gustavo Petro Urrego, la inmediata cesación de cualquier actividad tendiente a respaldar públicamente a la Presidencia de la República a Iván Cepeda, candidato Presidencial por el partido “Pacto Histórico”y/o que omita o se abstenga de cualquier actividad que concrete el anuncio que hizo el 01 de junio de 2026 en su red social X de asumir la vocería o convertirse personalmente en jefe, gerente o cabeza de la campaña en la segunda vuelta presidencial de tal candidato y movimiento político, que inició al finalizar la jornada electoral el pasado 31 de mayo de 2026 y que culmina el 21 de junio del año que transcurre, pues tales conductas amenazan de forma inminente y grave, al punto de configurar perjuicio irremediable al derecho colectivo a la moralidad administrativa regulada en el artículo 209 de la Carta Política. De la misma manera, que ponga en cabeza del Procurador General de la Nación la vigilancia irrestricta del cumplimiento de lo ordenado”, dice sobre las pretensiones de la acción popular que se presentó en el Tribunal Administrativo de Bogotá.
Además indica el documento: “Respetuosamente solicito al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como juez de la acción popular, que mediante sentencia que ponga fin a la demanda de acción popular, (i) declare que los demandados DAPRE y Presidente de la República han amenazado el derecho colectivo a la moralidad administrativa y de cualquier otro derecho colectivo que resulte amenazado y/o vulnerado; (ii) proceda a ordenar al Presidente de la República Gustavo Petro Urrego, la inmediata cesación de cualquier actividad utilizando su investidura de servidor público y mientras permanezca en esa condición, tendiente a respaldar públicamente a candidatos a la Presidencia de la República, y menos que afirme que personalmente se pondrá en la tarea de asumir jefaturas de campañas políticas, cualquiera que sea el partido político en el que militen, incluido el que lo llevó a la Presidencia de la República periodo 2022- 2026 y, (iii) ponga en cabeza del Procurador General de la Nación la vigilancia irrestricta del cumplimiento de lo ordenado”.
Finalmente, la acción popular señala que los recientes mensajes de Petro en su cuenta personal de X, “configura una clara e inminente amenaza al derecho colectivo a la moralidad administrativa que debe salvaguardar porque la finalidad de la actuación referida a anunciar, una vez culminada la primera vuelta en elecciones presidenciales, que asumiría personalmente la campaña del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, sin que, se itera, haya renunciado la investidura otorgada por el voto popular y sin que se lo permita norma alguna en tanto el ordenamiento jurídico vigente en Colombia no autoriza la reelección de ese cargo, como para que se entienda libre de hacer campaña política para sí o para otro, significando con ello que el mensaje anunciado de esa forma y en ese contexto no es precisamente, académico, didáctico, informativo y menos neutral como características propias y esenciales de la comunicación oficial del Estado, sino la de orientar la voluntad de los electores en la “segunda vuelta” de las elecciones Presidenciales hacia el candidato de su mismo partido político, tendiente a asegurar que dicho movimiento continúe gobernando los destinos del Estado y de los ciudadanos”.
El mensaje de Petro que motivó la acción popular generó ola ola de críticas desde diferentes sectores del país: “Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Sumado a ello el presidente indicó que Cepeda necesitaría conseguir más de 3 millones de votos para asegurar la segunda vuelta presidencial.