Las principales ciudades del país advirtieron un deterioro generalizado en la prestación de los servicios de salud, con problemas que van desde la entrega de medicamentos hasta la interrupción de tratamientos de alto costo y las dificultades financieras entre EPS e IPS.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), con apoyo de UNIPS Colombia y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, presentó una línea base sobre el estado del sistema construida con información reportada por las secretarías de salud de las 31 capitales del país.
El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud, elaborado para el estudio, alcanzó un promedio de 71 puntos sobre 100. Quince ciudades quedaron en la categoría de riesgo crítico y 16 en riesgo alto. Ninguna fue clasificada en niveles moderado o bajo.
Uno de los principales problemas está en el acceso: 27 de las 31 ciudades señalaron que las barreras para recibir atención aumentaron de forma significativa durante el último año y ninguna reportó una mejoría. Los medicamentos fueron la dificultad más extendida, mencionada por 24 ciudades, seguida de las consultas especializadas, con reportes en 21.
El abastecimiento ambulatorio también aparece entre las principales alertas: 23 ciudades reportaron dificultades críticas y siete, dificultades moderadas. La situación es particularmente delicada en tratamientos sensibles. Veintisiete capitales informaron problemas en el suministro de medicamentos oncológicos, 26 en los cardiovasculares y 25 en antidiabéticos e insulinas.
A estas dificultades se suma la presión financiera sobre aseguradores y prestadores. De las 197 EPS que operan en las ciudades analizadas —una misma entidad puede tener presencia en varias capitales—, 87 fueron reportadas bajo medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación. El estudio señala además que 30 de las 31 capitales calificaron su red pública y privada como inestable, deteriorada o en riesgo de colapso.
Las secretarías de Salud identificaron la cartera y la falta de pago de las EPS como la principal causa de suspensiones o cierres de servicios, situación mencionada por 23 ciudades. También señalaron la insuficiencia financiera de las IPS y la terminación de contratos.
El impacto ya estaría llegando directamente a los pacientes. Treinta ciudades identificaron la interrupción de tratamientos en curso como un riesgo clínico y 26 señalaron la progresión de enfermedades por falta de atención oportuna. En 18 ciudades se mencionó, además, el riesgo de aumento de la mortalidad evitable.
Las quejas de los usuarios muestran una presión similar. Veintitrés capitales reportaron incrementos superiores al 30 % en peticiones, quejas, reclamos y denuncias durante el último año, mientras seis registraron aumentos de entre un 10 % y un 30 %.
Frente a este panorama, 30 de las 31 ciudades solicitaron al Gobierno Nacional garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y avanzar en el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS. Veintisiete también priorizaron la continuidad de los tratamientos para pacientes de alto costo.
“Hoy, a pesar de las diferencias que tienen cada una de las ciudades en materia de salud, criterios sociales y demográficos, hay una homogeneidad total en los problemas. Se presentan en cifras diferentes, pero realmente los criterios del informe demuestran que comparten los mismos retos y dificultades”, Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales.
Igualmente, Gerson Bermon, secretario de Salud de Bogotá, y quien participó en la presentación del estudio, destacó que el nuevo Gobierno revivió el diálogo con el sector, así como el plan de choque planteado desde el Ejecutivo. “Unos primeros recursos para poder empezar a irrigarle al sistema son un paso fundamental, pero todos estamos concentrados en que esta no es la solución, sino es el inicio de la solución”, puntualizó.