David Tamayo, nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habló en SEMANA acerca de la difícil situación que se vive en la entidad después del paso del gobierno Petro.
Esta institución ha estado marcada por un gran escándalo de corrupción, en el que, entre otras cosas, hubo un desvío millonario de recursos públicos. Por esto, varios funcionarios del entonces Ejecutivo han tenido que responder ante la justicia.
Ahora, la UNGRD enfrenta una preocupante situación: tiene que atender la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, pero no tiene suficientes recursos ni personal debido al estado en el que la dejó el anterior Gobierno.
“Estamos inquietos porque encontramos que la unidad solo cuenta con $ 30.000 millones para la atención de la emergencia por el terremoto. Estamos gestionando recursos adicionales de donaciones internacionales”, manifestó.
Este dinero irá destinado a un subsidio de arrendamientos para los damnificados por el movimiento telúrico, entre otros gastos que son necesarios para atender a las personas.
La situación se presenta debido a que hay una gran cantidad de contratos represados en la Fiduprevisora, pero ni siquiera destrabando esto se podría llegar a tener una gran cifra para hacerle frente al terremoto, dado que ya existen ciertos compromisos.
Tamayo lanzó una frase lapidaria: “La UNGRD está sin plata, endeudada y sin personal”. De acuerdo con él, muchos de los contratos ya se terminaron y, por lo menos hasta el momento, estos no han podido ser renovados.
Por lo mismo, el funcionario advirtió que se encuentra trabajando con una base mínima de personal, que incluso ha tenido que doblar el turno. “Les toca porque si se van a descansar, no hay quién los releve”, dijo Tamayo.
En ese sentido, señaló que la entidad se encuentra en una situación realmente “crítica”, por lo que están diseñando un plan de choque que, afortunadamente, ha recibido dinero de la ayuda internacional que está llegando para atender la emergencia tras el temblor, que ya deja más de 200 muertos.
“No es un tema fácil porque hay unos problemas estructurales muy complejos, que fueron heredados desde que la Ley 1523 se creó en 2012, pero hay que mirar la manera para resolver esto y garantizar a la población colombiana apoyo y presencia institucional”, expresó.
Tamayo, además, insistió en que la UNGRD tiene una deuda muy grande que incluso en este momento hace “inviable financieramente” a la entidad.
En pocas palabras, aseguró que se debe mucho más dinero del que se le asigna en el Presupuesto General de la Nación para funcionar. “Es una situación que nos tiene en un alto riesgo financiero”, advirtió.
De hecho, esto ha llevado a que algunos proveedores desistan de ayudar a la institución, lo que les ha traído problemas para llevar ayuda humanitaria a zonas que lo necesitan.
“Sabíamos que íbamos a encontrar una situación muy difícil cuando asumimos este cargo, pero vamos a poner todo nuestro empeño para que esta situación se pueda resolver”, aclaró.
Por último, Tamayo precisó que por ahora el objetivo es resolver lo más “urgente” para poder brindar atención a quienes están sufriendo por la emergencia ocasionada por el terremoto.
“Paradójicamente hablando, somos la entidad que gestiona el riesgo en el país, pero en estos momentos somos la institución más vulnerable que tiene el Estado colombiano respecto a su viabilidad”, finalizó.