Electricaribe no deja de generar polémica. Este martes 19 de mayo la Comisión Quinta del Senado de la República será testigo del debate de control político al que están citadas la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, y la agente interventora de Electricaribe S.A. E.S.P., Ángela Rojas. El debate busca que las citadas funcionarias den explicaciones sobre cuáles fueron los mecanismos que pusieron en práctica en el proceso de enajenación de Electricaribe que presta servicio de energía a toda la región Caribe y que se encontraba bajo el control del Estado colombiano desde 2016. En entrevista con Semana Noticias, el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo advirtió sobre las presuntas faltas en las incurrieron los entes para llevar a cabo el proceso de enajenación de la compañía. La alerta que emite el congresista se da luego de recibir las respuestas que entregaron las funcionarias que están citadas al debate de control político. Según señaló Robledo, mediante los documentos, se pudo constatar que estos ocultaron información relevante sobre el negocio, como el valor que pagaron los dos consorcios ganadores de la subasta, EPM y Consorcio Energía de la Costa, que está conformado por Latin American Corp y Empresa de Energía de Pereira.
"Se sabe que Electricaribe se vendió hace unas semanas. Estamos ante una privatización. Cuando se le preguntó a la superintendente Avendaño sobre cuánto invirtieron los compradores, ella señaló que eso era secreto. Algo que prendió las alarmas", señaló Robledo, quien, de paso, instó al Gobierno para que demuestre cómo fue hecha la transacción: "le exijo al Presidente que informen y den la cara. Es su deber constitucional".
De acuerdo con el senador, el Gobierno "confeccionó un contrato tipo sastre" para llevar a cabo la venta de Electricaribe con el fin de conceder todas las garantías tanto a EPM como al consorcio de Alberto Ríos Velilla: “De entrada, el Estado puso más de $4 billones en los últimos tiempos, le aportó subir las tarifas duro en la Costa Atlántica y cambió una norma para que EPM pudiera quedarse con una parte más grande del negocio eléctrico nacional", señaló Robledo. Agregó que se trató de "un contrato hecho a la medida para que dos empresas obtuvieran a Electricaribe". Estableció también que esta fue una decisión del Consejo de Ministros. "Desde que decidieron ponerle precio, decidieron que fuera secreto. Hay un propósito de ocultar pero no sabemos por qué. Carece de absoluto sentido no saber cuánto pagaron por Electricaribe. Está dilapidando el patrimonio público. De ahí que se vuelva tan importante que se vuelva público", enfatizó el senador. Robledo explicó que citó a la ministra de Minas y Energía para hacerle un cuestionario y la funcionaria no respondió sino que el viceministro lo hizo por ella. "Ella me dice que no me puede responder todas las preguntas sino la superintendente de Servicios Públicos. Veo en ella una actitud de mala voluntad, de secretismo, de pelotear a los senadores. Se están yendo entre las ramas con las respuestas". "La situación de Electricaribe es un desastre": Robledo De acuerdo con el senador, los subsidios a las tarifas de servicios públicos valen más de $12 billones. "Lo que ha metido el Estado ahí ha sido pavoroso. Lo que han debido hacer es no privatizarla, sino el Estado administrarla. Si al final se empecinan en privatizarla, por lo menos que hagan un trabajo bien hecho. Pero cómo es posible que activos que valen una montaña de plata, más de $3 billones, se lo vendan a alguien por $285.000 millones, es que la desproporción es demasiado grande", dijo. Además, señaló que tiene una preocupación en torno a esta negociación. "Me preocupa que Alberto Ríos Velilla no tenga el apalancamiento financiero suficiente para invertir alrededor de $5 billones que tiene que invertir. Que no resulte que esto termine mal y que los problemas eléctricos de la Costa Caribe salgan mal".