Fabio Arjona, recientemente designado como ministro de Ambiente por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, presentó un derecho de petición dirigido a Irene Vélez, quien se desempeña como ministra de Ambiente (e) del Gobierno Petro. Con esta solicitud busca obtener información detallada sobre las decisiones, los programas y los resultados de la gestión de esa cartera entre 2022 y 2026.
Según explicó Arjona, la información será utilizada para adelantar el proceso de empalme y evaluar el estado de los principales proyectos del sector ambiental.
“La Patria Milagro revisará de manera prioritaria la ejecución del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, los recursos destinados a la COP16, el estado de los programas de reducción de la deforestación, el cumplimiento de las órdenes judiciales sobre Santurbán, el avance de la transición energética, la reglamentación de los mercados de carbono y la ejecución de los principales proyectos estratégicos del sector”, escribió el designado ministro a través de la red social X.
En el documento de 21 páginas, Arjona formuló 69 preguntas organizadas en siete ejes temáticos. Uno de los principales está relacionado con el cambio climático, ya que busca conocer el balance de las metas de reducción de emisiones alcanzadas durante los últimos años y obtener explicaciones sobre algunos aspectos del registro de esas reducciones.
También pidió información sobre el estado de los proyectos financiados con apoyo de organismos internacionales y de iniciativas como Visión Amazonía.
Otro de los temas incluidos en el derecho de petición corresponde a la reglamentación de los mercados de carbono. En este punto, Arjona solicitó conocer los fundamentos jurídicos que respaldan el proyecto de decreto impulsado por el Ministerio, además de las razones por las que la propuesta reúne en un mismo documento diferentes mecanismos relacionados con el mercado y el impuesto al carbono. Asimismo, preguntó si esta reglamentación será expedida antes del cambio de gobierno.
El funcionario designado también requirió información sobre la aplicación de la normativa relacionada con los créditos de carbono en territorios étnicos y sobre el funcionamiento del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Según indicó, estos aspectos hacen parte de la revisión que adelantará durante el proceso de empalme para conocer el estado de los principales instrumentos de gestión ambiental.
En cuanto al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, Arjona pidió un informe detallado sobre la ejecución de cerca de 800.000 millones de pesos, además de información sobre posibles investigaciones disciplinarias o fiscales que permanezcan abiertas. Igualmente, solicitó conocer si se han realizado cambios en la administración del fondo mediante su manual operativo y cuáles son los proyectos que presentan un bajo nivel de ejecución.
La deforestación es otro de los temas que ocupa un lugar importante dentro del cuestionario presentado por Arjona. En este apartado, el ministro designado solicitó explicaciones sobre las diferencias entre las cifras oficiales y las publicadas por sistemas de monitoreo independientes. También pidió conocer las razones por las que dejaron de divulgarse los boletines trimestrales y por qué aún no se han presentado las cifras oficiales correspondientes a 2025.
El documento también dedica un espacio a la seguridad de los líderes ambientales. Arjona busca conocer qué acciones implementó el Gobierno para proteger a estas personas, especialmente después de que Colombia volviera a ocupar, por tercer año consecutivo, el primer lugar en el informe de Global Witness sobre asesinatos de defensores del medioambiente.
Otro de los asuntos abordados corresponde a la situación del páramo de Santurbán. En su solicitud, el ministro designado pidió información sobre el proceso de delimitación de este ecosistema, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander declarara en desacato a Irene Vélez por incumplimientos relacionados con el cronograma establecido para ese procedimiento.
Asimismo, solicitó información detallada sobre el espacio participativo programado para el próximo 18 de julio. Además, pidió que las respuestas al derecho de petición no solo sean remitidas a su despacho, sino también a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, y a la Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente.