A pocos días de la mesa de concertación prevista para el 18 y 19 de julio sobre la delimitación del páramo de Santurbán, organizaciones sociales, comunales, campesinas y de pequeños mineros de Santander denunciaron que la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, sostuvo una reunión privada con integrantes del denominado Comité de Santurbán en Bucaramanga.
Según los denunciantes, el encuentro se habría realizado en un hotel de la capital santandereana sin convocatoria pública y sin la presencia de representantes de las comunidades de Soto Norte, lo que, a su juicio, pone en duda la transparencia del proceso de concertación que adelanta el Gobierno.
Edwin Blanco, presidente de la Asociación de Juntas de Suratá y representante de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Santander, que agrupa a cerca de 3.700 juntas en temas ambientales, manifestó su preocupación por la reunión y pidió que todas las comunidades involucradas puedan participar en igualdad de condiciones antes de tomar decisiones sobre el futuro del páramo.
Las organizaciones aseguran que la reunión contó con la participación del Comité de Santurbán y representantes del Sindicato del Acueducto de Bucaramanga, mientras que líderes comunales, campesinos y pequeños mineros afirman que no fueron convocados pese a ser actores directamente impactados por una eventual delimitación del ecosistema.
“¿Qué están escondiendo?, ¿por qué necesitan hacer las cosas de espaldas a la opinión pública?, ¿qué están acordando o negociando a puerta cerrada?”, cuestionó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Alto Lebrija, quien aseguró que solicitarán la suspensión de la mesa programada para mediados de julio.
De acuerdo con el pronunciamiento, más de 30 organizaciones sociales, ambientales y comunales, junto con las 136 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Tona, Vetas, California, Suratá, Matanza y Charta, sostienen que el proceso no estaría cumpliendo con las garantías de participación ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017.
Finalmente, las organizaciones reiteraron que mantendrán su exigencia de transparencia y anunciaron que continuarán adelantando acciones ante las autoridades competentes para que las decisiones sobre la delimitación del páramo de Santurbán se adopten con la participación de todas las comunidades que habitan y desarrollan actividades en la región.