El primero de mayo, un cliente estadounidense presentó una demanda colectiva multimillonaria que busca una compensación económica de 9.700 millones de dólares.

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La querella fue presentada por Ananias Cornejo, quien acusó a la compañía de aumentar los precios de sus vehículos en medio de la presión económica por los aranceles impuestos en ese país.

El argumento del cliente es que Toyota obtuvo “ganancias extraordinarias vinculadas a los aranceles”. El caso ya se encuentra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

En febrero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no permitía que se impusieran aranceles. Por esa razón, quedaron invalidadas las tarifas globales dictaminadas por la administración de Donald Trump a inicios de 2025.

Toyota, que depende de las importaciones, habría aumentado los precios de sus vehículos para traspasar los costos de los aranceles a los clientes. Ahora, con el fallo de la Corte Suprema, la compañía de carros podría recibir una devolución gubernamental de los fondos perdidos.

La demanda busca que ese dinero que recibirá Toyota, sea entregado a los clientes que pagaron costos elevados. La reclamación espera que 9.700 millones de dólares sean reembolsados.

Toyota podría recibir una devolución gubernamental debido a los aranceles impuestos el año pasado. Foto: Getty Images

¿Toyota tuvo mayores ganancias?

A pesar de que la marca subió sus precios, reportes de la empresa indican que en 2025 perdieron 1.900 millones de dólares debido a los aranceles. Esto significaría que Toyota no tuvo ganancias adicionales por los aumentos a los consumidores.

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Así lo señaló Motor1 y agregó que el tribunal de California será el encargado de determinar si Toyota se lucró de los clientes. La demanda está buscando incluir a compradores de la marca en Estados Unidos entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Los afectados habrían sido aquellos que adquirieron carros fabricados fuera de Estados Unidos, específicamente en México y Canadá. La acción judicial podría impactar a otras marcas y obligarlas a realizar compensaciones similares.