El Gobierno nacional ha estado al tanto de la revisión y funcionamiento de las cámaras de fotomultas que se encuentran instaladas en varias regiones del país.
El presidente Abelardo De La Espriella ha ordenado a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que cada uno de estos dispositivos sea analizado profundamente, al afirmar que algunos estarían siendo usados con fines recaudatorios.
“Ministra Elsa Noguera, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”, manifestó De La Espriella.
Tras este anuncio, la ministra Noguera ha llevado a cabo una serie de procesos para identificar aquellas cámaras de fotomultas que no están funcionando como corresponde.
La decisión del Gobierno De La Espriella
La ministra Elsa Noguera informó a medios que se realizará el retiro de aquellas cámaras de fotomultas que no se encarguen de ayudar a salvaguardar la vida de conductores y peatones en las vías del país.
En diálogo con El Tiempo, la funcionaria comentó que las prioridades que deben tener las entidades de tránsito son buscar alternativas que se encarguen de reducir los fallecimientos a causa de siniestros viales sin la necesidad de seguir instalando dispositivos.
“Entre 2021 y 2025, las muertes por siniestros viales aumentaron cerca de un 20 %, al pasar de 7.300 a 8.700. Al mismo tiempo, se autorizaron 670 cámaras. Esto demuestra que las cámaras, por sí solas, no resuelven el problema. Necesitamos una política integral de ingeniería, señalización, pedagogía y control, que mida vidas salvadas y no simplemente cámaras instaladas”, comentó.
Para llevar a cabo este proceso, el Ministerio de Transporte realizará la revisión de la distancia y concentración de cámaras. De esta forma, estarán habilitados aquellos dispositivos que sí ayudarán a evitar accidentes viales.
Las nuevas autorizaciones tendrán condiciones mucho más estrictas, en donde los proyectos que vayan a ser presentados demuestren que cualquier cámara de fotomulta instalada realmente sea efectiva para los controles viales.
Asimismo, Noguera afirmó que seguirán con la investigación de los 7,5 millones de comparendos, los cuales se encontraban en proceso bajo el anterior Gobierno nacional.
“Las investigaciones de la Superintendencia de Transporte deben continuar con independencia y respeto por el debido proceso. Hay un principio que para nosotros es fundamental: si el Estado le exige al ciudadano cumplir la ley, el Estado también tiene que cumplirla rigurosamente”, afirmó.