“Solicité en derecho una revisión de mi proceso ante la Fiscalía”: Esteban Ramos

Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, confirmó a través de un comunicado que él solicitó la revisión de su proceso ante la propia Fiscalía General. Como lo reveló SEMANA, Ramos está siendo investigado por el delito de cohecho y aunque ya se anunció una imputación de cargos en su contra, esta diligencia no se ha podido realizar por una serie de maniobras ocurridas al interior del búnker.La investigación contra Esteban Ramos tiene origen en una compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia, cuando el tribunal pidió investigar una serie de irregularidades que rodearon la aceptación de cargos por falso testimonio del testigo Carlos Enrique Areiza. Después de ser condenado como falso testigo fue asesinado en abril de 2018.Los resultados arrojaron que el 3 de noviembre de 2016, el día en que se legalizó el preacuerdo en el que Areiza se declaraba culpable, Esteban Ramos le compró un tiquete de avión al fiscal de falsos testigos que llevaba el caso José Ignacio Umbarila para que se movilizara a la ciudad de Medellín.“Hemos sido víctimas de una persecución de sectores interesados en hacer política con nuestra honra, y estamos en todo nuestro derecho como víctimas a apoyar al Estado en su actuar”, señaló el hijo del exgobernador, quien ha admitido ser el comprador del tiquete de avión para el fiscal.Por la compra del tiquete, la Fiscalía –a cargo de un equipo de investigadores encabezado por Daniel Cardona– había anunciado imputación de cargos contra Esteban Ramos desde febrero. No obstante, una serie de maniobras impidieron que esta diligencia se celebre y hoy está en el congelador por una orden del coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes. ¿Cómo se llegó a esto?Para Cardona y su equipo, el poco valor del tiquete no le resta la gravedad al hecho de que un fiscal recibió dádivas de una persona vinculada a una actuación judicial. Por ello citaron a Ramos, a su esposa y a Umbarila a una audiencia de imputación de cargos por el delito de cohecho.El 9 de agosto, cuando se acercaba la fecha de la audiencia de imputación de cargos, la vicefiscal Martha Mancera convocó a una mesa de trabajo virtual a la que asistieron un puñado de fiscales. SEMANA reveló que estos funcionarios concluyeron en la necesidad imputar cargos contra Umbarila, pero no contra los Ramos, pues no había prueba de que hubieran obrado de mala fe.Los fiscales que llevaban el caso encontraron insólita esta opinión no vinculante, pues no es posible cometer el delito de cohecho en una sola vía. Por eso decidieron continuar con la citación. Convocaron la diligencia para el 18 de agosto ante el juez 31 municipal de Medellín.Ese día, funcionarios de alto nivel del búnker intentaron persuadir con llamadas telefónicas a los fiscales para no celebrar la diligencia. Contra viento y marea, el fiscal Alberto Efraín Ortiz Coral les imputó cargos a Umbarila y a Alejandra González. Esteban Ramos pidió aplazar su imputación por enfermedad de su abogado. Este suceso hizo que desde la cúpula de la Fiscalía comenzara una serie de actuaciones controversiales que frenaron indefinidamente el caso y desintegraron este grupo especial de investigadores anticorrupción.El 24 de agosto, por medio de una resolución administrativa, Barbosa delegó en el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, la convocatoria de un comité técnico jurídico para que se pronunciara. Barbosa lo decidió por petición de los esposos Ramos, que argumentaron que “ni en nuestros corazones ni en nuestra mente estuvo echar a andar un plan para desprestigiar la justicia”.Esta primera jugada del fiscal general resulta por lo menos inusual. Está facultado para convocar a los comités técnico jurídicos en los casos que considere necesario. Pero en esta ocasión lo hizo para atender un requerimiento hecho por los procesados en el caso penal. ¿Quiere decir entonces que tratarán a cualquier procesado con las mismas reglas?Con la delegación en sus manos, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, que además llevó el caso de Álvaro Uribe, expidió un oficio el 18 de agosto de 2020 en el que ordena a los fiscales a cargo abstenerse de realizar cualquier actuación de fondo en este proceso mientras no haya un pronunciamiento del comité, en el que tendrán asiento los fiscales Carlos Iván Mejía y Fernando Bolaños, delegados ante la Corte.SEMANA pudo establecer que han pasado dos meses desde que Jaimes envió la carta que metió en el congelador el caso y aún no han citado a Mejía ni a Bolaños. Además, si la intención era buscar que un comité de fiscales de alto nivel revisara el caso, no se entiende cómo el 23 de septiembre la Fiscalía decidió trasladar al fiscal Daniel Cardona a Nariño. Por este hecho, el funcionario, que ha dado duros golpes contra la corrupción judicial, decidió renunciar esta semana. También lo hizo su mano derecha en el búnker, con lo que casos sensibles en desarrollo quedaron en veremos.La Fiscalía confirmó a través de una comunicación a SEMANA que “se solicitó la realización de un Comité Técnico Jurídico a petición de un particular. Luego de revisada su viabilidad, se determinó su realización y está próxima su celebración”. Además, agregaron: “Para el caso, la convocatoria y ejecución del Comité fue delegada a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el fiscal general de la Nación no tiene injerencia en las decisiones que se desprendan del mismo”.Esteban Ramos, por su parte, asegura que solicitó la revisión de su caso mediante comité “como cualquier ciudadano tiene derecho”. Actué apegado a la ley e injustamente se pretende tergiversar mis acciones. Siempre he actuado transparentemente y, por ello, estoy dispuesto a defender públicamente todas mis actuaciones frente a la infamia a la que nos han intentado someter esos persecutores”, señaló Ramos.La audiencia de imputación de cargos por este caso se alcanzó a realizar contra Alejandra González, esposa de Esteban Ramos, y contra el fiscal José Umbarila. Por lo tanto, mientras la Fiscalía decide si imputa o no los cargos contra Ramos, será un juez de la República el que defina el futuro de los demás vinculados al proceso.