El Gobierno Petro emprendió la estrategia de las recusaciones contra los magistrados de la Corte Constitucional que definirán la suerte de la emergencia económica. La Presidencia recusó primero a Jorge Enrique Ibáñez Najar y esta semana hizo lo mismo contra otros siete magistrados con el argumento de que ellos pagarían el impuesto al patrimonio.
El tema está resuelto desde hace muchos años a favor de los magistrados y quedó claro incluso cuando se creó el impuesto al patrimonio.
La regla es que los magistrados no se encuentran impedidos cuando la norma tiene un carácter general. De no ser así, ningún magistrado podría votar sobre una reforma tributaria, a la salud o a las pensiones, pues todos pagan impuestos, se enferman y se van a jubilar.