Recusar. La Presidencia ya dejó claro que en el profundo debate jurídico que las decisiones del Gobierno enfrenta en la Corte Constitucional esa será su estrategia. El Gobierno Petro radicó ante el alto tribunal esa solicitud que tiene como objetivo apartar de la discusión a los siete magistrados que votaron la suspensión provisional.
De ese debate, ya también había presionado la recusación del presidente del organismo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien finalmente se declaró impedido.
La Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto madre de la emergencia económica y por cuenta de esto quedaron también en stand-by los subsiguientes que habían impuesto gravosos tributos a los colombianos.
En un trino, el presidente asegura que los juristas que ya participaron de ese debate no podrían participar de lo que sigue. “Al haber suspendido sin orden constitucional y contra sentencia de la misma Corte Constitucional con un fallo que no es de fondo ante un fallo que sí lo fue, los decretos de emergencia, en mi opinión, se prejuzgó”.
Al haber suspendido sin orden constitucional y contra sentencia de la misma corte constitucional con un fallo que no es de fondo ante un fallo que si lo fué, los decretos de emergencia, en mi opinión, se prejuzgo.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026
Se consideró dañina la emergencia sin siquiera analizar la… https://t.co/FWTsW5vTMh
El presidente Petro asegura que “se consideró dañina la emergencia sin siquiera analizar la situación económica que ya está sobreviniendo, y que no es inflación, como sueñan los que quieren tumbar el salario vital, sino encarecimiento de la deuda por incrementos de la tasa de interés”.
Y agrega: “El encarecimiento de la deuda hay que pagarla con impuestos y lo que hacen los dueños de las grandes rentas no productivas es hacer cada vez más abultada la reforma tributaria que se tendrá que aprobar, ojalá más temprano que tarde, pero que quieren trasladar al bolsillo de la gente trabajadora, pensando que van a ganar las elecciones con la gente trabajadora”.
En esta oportunidad, la recusación va dirigida contra los magistrados Paola Andrea Meneses, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo, Héctor Alfonso Carvajal, Lina Marcela Escobar, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.
La Casa de Nariño esgrime un argumento muy puntual para pedir que esos magistrados se aparten del caso. El documento señala que “la emergencia económica amplió la base gravable del impuesto al patrimonio reduciendo el umbral de entrada de 72.000 UVT a 40.000 UVT, e introduciendo tarifas marginales progresivas hasta el 5 %, con una motivación expresa orientada a gravar a los contribuyentes ubicados en la parte más alta de la distribución de riqueza”.
En ese sentido, la Presidencia asegura que en el universo de 105.332 contribuyentes impactados están también algunos de los magistrados de la corte. En otras palabras, que como a los juristas les tocará meterse la mano al dril y pagar más impuestos, no deberían poder votar la discusión de fondo de la emergencia económica.
“En consecuencia, los magistrados recusados tienen un interés económico actual, directo, determinable y específico en la decisión de constitucionalidad que les corresponde adoptar, pues el sentido del fallo incide de manera inmediata, cuantificable y cierta en su patrimonio personal”, sustenta la Casa de Nariño. En su escrito, recuerda que “tener interés en la decisión” es una causal de recusación.
Ese no es el argumento que plantea Petro en sus redes sociales. El presidente, de manera insistente, ha dicho que los magistrados que ya se pronunciaron sobre la emergencia habrían prejuzgado y no podrían participar de la decisión final.
El tema tiene mucha trascendencia. Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional ha sido uno de los principales contrapesos al poder ejecutivo, especialmente en estos escenarios en que la Casa de Nariño ha querido usar fórmulas, como los estados de excepción, que amplían sus poderes y le quitan filtros.
En diferentes decisiones, como la discusión de la reforma pensional y ahora la emergencia económica, el presidente ha querido desviar la discusión sobre el fondo y centrarla en sus magistrados. Lo primero que seguramente ganará la Casa de Nariño con esta seguidilla de recusaciones es tiempo.
El tema es que el tiempo en un asunto de “emergencia” es valioso. Para solo dar un dato, el Ministerio de Hacienda asegura que en los primeros 29 días de noviembre, por cuenta del decreto que suspendió la corte, el Gobierno Petro recaudó 1,6 billones de pesos. Eso no es de poca monta en medio de un año electoral.
Pero las implicaciones de fondo van mucho más allá. El país, en medio de la carrera por la Presidencia, ha comenzado a vivir un nuevo capítulo de choque de trenes con múltiples frentes. Uno de ellos es la Corte Constitucional. El otro es el Consejo Nacional Electoral, que acaba de decidir en contra de la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo, un hecho que el presidente calificó como un “golpe” y que ha sido comparado por él con las razones que dieron inicio al M-19, el grupo guerrillero del cual hizo parte. No se descarta otra arremetida al Consejo de Estado, pues en manos de ese tribunal está el análisis jurídico de otro tema espinoso y electoralmente muy valioso: el salario mínimo vital. El debate que viene será álgido.
