SEMANA: Usted es un respetado catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y en nuestro país ha sido profesor de varias generaciones de abogados, doctores y magistrados colombianos. Hace unos días nos compartió una reflexión escrita sobre el debate jurídico del momento: la emergencia económica. ¿Por qué pronunciarse así sobre este tema?
Eloy García: Yo no sé si soy respetado, pero sí soy escuchado porque llevo muchos años en Colombia y quizá porque tuve la oportunidad de introducir, junto con el doctor Carlos Ariel Sánchez, uno de los primeros doctorados en Derecho de la República. Siempre enseñé a mis estudiantes lo que repito ahora: el derecho no es solamente un conjunto de normas deshilachadas y sin lógica, sino que responde a una razón de fondo. He querido salir al paso a través de SEMANA de lo que estaba sucediendo con el decreto de emergencia porque me parece que lo que se está intentando es un atropello que destruye la razón —o una de las razones, porque no es la única— que dieron origen a la Constitución: poner fin, poner coto, acabar con la excepcionalidad y construir desde la normalidad la vida de los ciudadanos. Ese es uno de los grandes aportes que ha hecho la Constitución del 91, entre otros muchos, pero este es fundamental.
Acabar con la excepción y permitir que la Constitución, la norma que cotidianamente tiene que regular la vida de los colombianos, sea la que rija; que gobiernen las leyes y no gobiernen los hombres.
SEMANA: ¿Por qué este debate de los estados de excepción toca tan en la médula el derecho constitucional?
E. G.: Porque la Constitución de 1991 rompe con muchas cosas negativas y malas, y lo hace de forma muy inteligente, incluso anticipándose a las constituciones democráticas más avanzadas del mundo. Con mis colegas europeos hablo habitualmente y todos quedan fascinados con esa condición que establece la Constitución colombiana: que, si bien la iniciativa de declarar el estado de emergencia compete al Gobierno y al presidente de la República, secundado por todos los ministros, el control inmediato y definitivo de la declaración está en manos de la Corte Constitucional, un órgano neutral.
Es una sabia e inteligente medida que permite que en Colombia el estado de excepción se imponga a la normalidad solamente cuando estrictamente se dan esas condiciones y que, en definitiva, sitúa a Colombia en el Estado de derecho. Eso creo que es fundamental.
SEMANA: En el texto que usted escribió para SEMANA dice algo que puede parecer una obviedad: que la constitucionalidad de la emergencia económica depende fundamentalmente de que haya una emergencia económica. ¿Qué criterios determinan eso?
E. G.: Que la falta de consenso por parte de un gobierno para aprobar los presupuestos no puede generar en ningún momento el llamado a la excepción. Es decir, si el Gobierno se ha visto desconocido o ha perdido el apoyo parlamentario para aprobar los presupuestos, la Constitución impone el consenso y el acuerdo para sacarlos adelante, pero no permite recurrir a una falacia como es el estado de anormalidad, como es el estado de emergencia, porque la emergencia es otra cosa. En Colombia no hay emergencia. Lo que hay es, justamente, la incapacidad de un gobierno para sacar adelante la aprobación de los presupuestos en el Congreso por la vía ordinaria. Un Gobierno que acude fraudulentamente a una figura que no puede utilizarse más que en caso de auténtica emergencia económica. Ese es el criterio que estoy defendiendo. Y hay un segundo punto.
Vea la entrevista del profesor Eloy García con la editora general de SEMANA, Cristina Castro
SEMANA: ¿Cuál es el segundo punto?
E. G.: En segundo lugar, la Constitución colombiana es particularmente delicada en relación con este tema; está especialmente preocupada por corregir los errores del pasado. Y un error del pasado fue la emergencia generalizada. Los presidentes nacían con el decreto de emergencia y morían con el decreto de emergencia. Hasta la Constitución de 1991, se redacta con el estado de emergencia detrás.
La emergencia es la excepción, y la excepción no puede sustituir nunca a la norma general, porque las sociedades no viven en la excepción; las sociedades viven en la normalidad, en la normalidad que tiene Colombia y que la diferencia del resto de los países que la rodean. Es decir, Colombia es un país dotado de una Constitución robusta que da fuerza, que da vida, que da coraje a la existencia ciudadana. La Constitución exige que la respetemos, no que cuando nos vaya mal la traicionemos. La lealtad constitucional es un principio que debe presidir al Gobierno y la acción del presidente de la República.
SEMANA: En el país hubo un debate muy grande sobre si aplicaba o no la suspensión provisional. Finalmente, la corte se decidió por otorgar esa medida provisional mientras decide de fondo. ¿Cómo lee esa decisión?
E.G: Se cumplieron las previsiones. La Corte Constitucional entró en el fondo de la emergencia y estudió la colisión entre lo que es la previsión constitucional de emergencia y el decreto del Gobierno Petro. Esa contradicción determinaba que no había una situación de emergencia suficiente como para mantener el decreto. Es decir, se suspendió provisionalmente hasta que la corte entre a debatir su fondo. Y esa es una cuestión que planteamos desde el principio, porque si no, se producían daños y perjuicios irreparables. La Corte dejó en suspenso el tema, pero en alguna forma estableció también un fondo y el fondo es que no hay tal urgencia. Y apunta la corte también a que esa colisión de principios estructurales con la división de poder, las atribuciones del Congreso y las limitaciones que la Constitución establece al presidente. En ese análisis también había dos asuntos fundamentales.
SEMANA: ¿Cuáles eran?
E. G.: La primera era examinar urgentemente la cuestión. La urgencia del examen la determina el propio artículo 215 de la Constitución, en el párrafo final. En segundo lugar, determinar lo que le he dicho: que la emergencia no existe. Entonces, la decisión de la suspensión está en que la urgencia de la medida determina una urgencia de la actuación, no de otra forma. La Corte estaba obligada constitucional y moralmente a revisar la constitucionalidad con premura y a suspender provisionalmente si esa declaración de emergencia no procedía e incluso amenazaba la estabilidad financiera y económica de la Nación.
Imagínense las consecuencias de los decretos que están dictados al amparo de la emergencia. Si las medidas que propone el Gobierno no son realmente urgentes, el daño era irreparable y lo pagaría la sociedad colombiana, con el elemento adicional de que Colombia está en un año electoral.
SEMANA: ¿Y este año electoral qué implicaciones tiene?
E. G.: Ese trasfondo electoral condiciona muchas veces la acción de un gobierno que no está buscando remediar los problemas, sino fundamentalmente favorecer la continuidad política de su opción. Y eso es inaceptable, porque significa deslealtad hacia la Constitución. Se quiere utilizar la Constitución para el interés propio y no en interés de todos los ciudadanos.
SEMANA: Le he escuchado una tesis en escenarios académicos en el sentido de que en las elecciones de 2026 se juega la esencia de la Constitución. ¿Por qué lo dice?
E. G.: Lo que está en juego, en definitiva, es la propia Constitución. Porque si se admite que la excepción se constituye en norma, todo está dicho. Si se gobierna no respetando e incumpliendo la Constitución, si la Constitución se utiliza como un ariete, como un punto de arranque para destruirla, se está siendo desleal con la Constitución. Por eso, en mi texto utilicé la expresión de satrapía o de sultanato, porque esa era precisamente la forma de gobierno que, según Montesquieu, caracterizaba a los viejos persas que habían caído en la tiranía. Pido perdón a quien se pudiera sentir ofendido con eso, pero a lo que se refiere es a que en esa época el sultán llegaba al poder para destruir las instituciones y actuar arbitrariamente.
Colombia tiene un patrimonio extraordinario en su derecho, en sus personas, en su orden constitucional. Hay que respetarlo. Si se pretende romper excepcionalmente, hay que explicar por qué.
SEMANA: Profesor, le quiero hacer una última pregunta porque usted es el editor de un libro muy famoso de Egon Zweig, La teoría del poder constituyente, con el que nuestro presidente sustenta su proyecto de asamblea y que, además, dice que recomienda leer. El año pasado usted me dijo en una entrevista que creía que Petro no se lo había leído.
E. G.: Siempre me sacan a relucir el libro de Zweig y creo que es verdaderamente importante, porque sobre todo lo que explica es que todos los poderes, incluido el presidente de la República, están sujetos a la Constitución. Pero yo quiero decirle algo más. Yo soy el traductor de un libro que me ha dado muchas satisfacciones y que en Colombia es tanto más conocido, que es el libro de Guglielmo Ferrero: Poder. Los genios invisibles de la ciudad.
Ahí se enseña una cosa que tiene que ver con el libro al que usted alude: esa idea de que se gobierna desde el consentimiento, se gobierna desde la aceptación; se desgobierna desde la ausencia de sentido común y de racionalidad. La credibilidad es hija de la acción de poderes constituidos que nacen en el juego constitucional para cumplir el mandato de lo que se llama el poder constituyente originario.
Quiere decirse con eso que la Constitución es un consenso que nace del poder constituyente, que permite evidentemente la diferencia, pero no permite las trampas. Un gobierno legítimo es el que no miente, no engaña y no utiliza las instituciones para hacer aquello que quiere hacer y que la Constitución no le permite.
SEMANA: ¿Cómo se interpreta eso hoy en Colombia?
E. G.: Lo que quiero decir es que el respeto a la Constitución y el respeto a la legitimidad es algo que Colombia no puede perder porque le ha costado mucho. En 1991, los colombianos —y yo me considero el más humilde de todos ellos— llegaron a construir una Constitución muy importante. Miren ustedes cómo está el mundo que nos rodea. Miren cómo están las situaciones de las naciones que están en torno a Colombia. Y piensen: Colombia tiene paz, prosperidad, futuro y, sobre todo, unos ciudadanos extraordinarios que viven constitucionalmente, que entienden que la Constitución se protege a través de la Corte que tutela sus derechos, que la Policía es constitucional, que las Fuerzas Armadas son constitucionales y que, sobre esa base, hay que respetar la norma. Lo que no se puede es burlarse de la Constitución diciendo que se cumple para a continuación utilizarla fraudulentamente.
SEMANA: Usted es un jurista español muy colombiano, tanto que tiene la nacionalidad desde hace muchos años.
E. G.: Mire usted, Cristina, si de algo me siento orgulloso en la vida es de haber nacido extranjero y haberme convertido en colombiano. Mi mayor título no es ser doctor en Derecho; del doctorado en Derecho yo vivo y estudio, pero de la nacionalidad colombiana saco todo el ánimo, todo el coraje y toda la fuerza que me permite decirles: “Colombianos, adelante: defended vuestra Constitución y no permitáis que nadie os la arrebate”.