SEMANA: El Gobierno ha sostenido una relación tensa con el sector empresarial. ¿Cómo la evalúa y cuál será la estrategia para enfrentarla si se mantiene?
NATALIA GUTIÉRREZ: Definitivamente, no ha sido una relación fácil. En varios momentos el tono del debate público ha sido provocador y eso puede generar tensiones que conviene evitar. Para nosotros, el sector empresarial no es una contraparte del Estado, sino un aliado clave para impulsar empleo, inversión y recaudo, siempre dentro del marco legal y con responsabilidad social. Desde el Consejo Gremial no creemos en la confrontación como estrategia. Nuestra vía ha sido y seguirá siendo el diálogo institucional y respetuoso, la construcción de consensos, la argumentación técnica y la defensa serena pero firme de la Constitución y de las reglas de juego. Todo, con un propósito: contribuir a que a Colombia le vaya bien.
SEMANA: La emergencia económica está suspendida por decisión de la Corte Constitucional. De seguir vigente, ¿cuál sería para usted su mayor afectación?
N.G.: La afectación más delicada es el precedente institucional. Cuando una declaratoria de emergencia se utiliza para atender asuntos estructurales, en especial de naturaleza fiscal, se corre el riesgo de normalizar el Gobierno por vía excepcional. Eso tensiona los equilibrios propios del Estado de derecho y reduce la previsibilidad de las reglas. En términos prácticos, esa incertidumbre se traduce en mayor inseguridad jurídica y en un deterioro de la confianza de quienes deciden invertir y generar empleo. El impacto puede no ser inmediato, pero sí profundo y persistente: suele reflejarse en el costo de financiamiento, en la percepción de riesgo y en las evaluaciones de mercados. Por eso insistimos en que las soluciones de fondo deben tramitarse por las vías ordinarias, con debate democrático y transparencia.
SEMANA: Tras la suspensión de la emergencia económica, ¿qué salida podría tener el Gobierno con las finanzas públicas?
N.G.: El Gobierno cuenta con herramientas ordinarias y plenamente legítimas para enfrentar un escenario fiscal exigente: priorizar y focalizar el gasto social, ajustar la ejecución y ahorrar en el gasto público, reprogramar apropiaciones dentro del marco presupuestal y, si se considera necesario, promover una discusión abierta y transparente en el Congreso sobre fuentes adicionales de financiamiento. Por ejemplo, en este Gobierno no se ha visto ahorro en el gasto público, ya que, según cifras oficiales, se han creado 40.533 nuevos cargos y 6.834 nuevos contratos de prestación de servicios. En términos de personas, se ha pasado de 11.851 a 18.685 contratistas, lo que equivale a un crecimiento aproximado del 57,7 por ciento en solo tres años. Lo importante es que las decisiones se adopten por las vías institucionales, con información clara y deliberación democrática, porque eso preserva la confianza, reduce la incertidumbre y permite que las medidas tengan mayor estabilidad en el tiempo.
SEMANA: La necesidad de recursos ha motivado al Gobierno a crear más impuestos, al tiempo que acusa al sector empresarial de no aportar la tasa impositiva nominalmente señalada. ¿Es así?
N.G.: La realidad es más compleja. Según la Ocde, Colombia tiene una de las cargas tributarias empresariales más altas de la región cuando se suman impuestos nacionales, territoriales y contribuciones sectoriales. Además, hay sectores específicos que han visto aumentos muy significativos en los últimos años. Simplificar el debate diciendo que “no pagan” no ayuda a una discusión seria. La manera correcta de crecer es aumentando la producción, no dando señales para ahuyentar el capital. Las cifras no reflejan una competitividad en tributación; la tasa efectiva de tributación empresarial en Colombia supera el 55 por ciento, sumando impuestos nacionales, territoriales y sectoriales, mientras que el promedio de la Ocde es de 41 por ciento y en América Latina, de 47 por ciento.
SEMANA: La industria extractiva y el sector eléctrico enfrentan una mayor carga tributaria por la transición energética. ¿Qué opina de estas políticas?
N.G.: La transición energética es un objetivo compartido y necesario, y desde el sector productivo estamos comprometidos con avanzar en esa dirección. En ese marco, medidas que incrementan de manera significativa y abrupta la carga fiscal sobre sectores estratégicos pueden producir efectos no deseados: elevar el costo del capital, frenar proyectos, afectar el recaudo futuro y, en últimas, reducir los recursos disponibles para financiar la propia transición. Lo que el país necesita es una hoja de ruta con planeación y gradualidad, reglas estables, incentivos bien focalizados y coordinación entre Estado y empresas para que la transición sea ordenada, sostenible y socialmente justa.
SEMANA: El alza de 23 por ciento del mínimo causó polémica: es buena porque los trabajadores pueden consumir más o es negativa porque golpea el empleo y la inflación. ¿Qué opina?
N.G.: Más que un debate binario, lo responsable es buscar un equilibrio: salario real en aumento con metas de productividad, alivios a costos no salariales donde sea posible y políticas complementarias (formación, empleo joven, apoyo a mipymes) que permitan que el mayor ingreso sea sostenible sin sacrificar empleo ni estabilidad de precios.
SEMANA: Empleo e inflación son dos variables claves. El Gobierno saca pecho porque, a su juicio, ambas estarían alineadas. ¿Cree que hay riesgos de que su control sea aparente y temporal?
N.G.: Siempre es necesario mirar el contexto completo, que hoy no es positivo. Aunque algunas variables se ven favorables, estas son apenas una foto aislada y no reflejan los desequilibrios de fondo de la economía. Por ejemplo, el desempleo bajó a 7 por ciento en noviembre de 2025 y la inflación cerró diciembre en 5,10 por ciento, lo que evidencia avances frente a picos previos. Sin embargo, detrás de estos datos persisten señales preocupantes: la informalidad laboral aumentó. Además, la inflación sigue por encima de la meta del 3 por ciento, y un aumento desbordado del salario mínimo puede poner presión sobre el empleo formal, generando pérdidas a mediano y largo plazo. Por eso, más que debatir si algunas variables “están alineadas”, lo relevante es consolidar una tendencia sostenible, basada en mayor formalización, aumentos reales de productividad y un marco fiscal y regulatorio que reduzca la incertidumbre. Si los desequilibrios estructurales no se corrigen, los avances pueden ser temporales y revertirse ante choques externos, como el clima, la tasa de cambio o los precios de alimentos y energía, o por efectos de indexación y expectativas.
SEMANA: ¿Qué espera el sector empresarial del encuentro entre los presidentes Trump y Petro?
N.G.: Esperamos que el encuentro deje señales claras de estabilidad y pragmatismo, y una agenda concreta de cooperación: reglas previsibles para el comercio y la inversión, coordinación en energía y transición, y trabajo conjunto en temas sensibles como seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y cadenas de suministro. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el intercambio bilateral de bienes y servicios ha venido creciendo, en 53.300 millones en 2024, según la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Además, según el Dane y AmCham.
SEMANA: Cómo recibió el intercambio de retaliaciones entre Colombia y Ecuador. ¿Podrían ellos salir más afectados que nosotros o viceversa?
N.G.: En estos escenarios no gana nadie. Colombia y Ecuador tienen economías y cadenas logísticas altamente integradas, y la zona de frontera es la primera en sentir los costos, por lo que las medidas de retaliación suelen traducirse en más incertidumbre, sobrecostos, congestión y riesgo de informalidad/contrabando, con afectación directa a empresas y consumidores en ambos lados. La conclusión: sin canales estables y reglas claras, el costo país sube y el riesgo también. Por eso, desde el Consejo Gremial insistimos en desescalar y volver a la ruta institucional: diálogo diplomático inmediato y mesas técnicas (comercio, logística fronteriza y energía/hidrocarburos) con soluciones verificables, proporcionales y rápidas, cuidando la continuidad de los servicios y el bienestar de ambos pueblos.
SEMANA: Desde su perspectiva, ¿qué sería lo mejor para Colombia después del 7 de agosto: que tengamos continuidad o un cambio de rumbo?
N.G.: Más que una dicotomía entre continuidad o cambio de rumbo, Colombia necesita estabilidad con capacidad de ajuste: mantener lo que funciona (instituciones, reglas claras, disciplina macro) y corregir lo que esté generando incertidumbre o frenando inversión y empleo. Y un punto clave: las empresas trabajamos con Gobiernos de toda tendencia, porque nuestra responsabilidad es con el país. Estamos para aportar propuestas, evidencia y capacidad técnica, acompañar lo que sea positivo y señalar, con respeto y argumentos, lo que requiera corrección. Lo mejor para Colombia es un rumbo que priorice confianza, diálogo y resultados: responsabilidad fiscal, seguridad jurídica y una agenda de crecimiento incluyente que sostenga inversión y empleo en el tiempo, y el bienestar social de todos los colombianos.