Revive la esperanza en el Atrato

La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc es uno de los hechos más significativos en la historia del país. Con ella se abren oportunidades en los ámbitos político, social, económico y hasta ambiental. Tanto los territorios como las comunidades podrán dar pasos firmes hacia un desarrollo que vieron lejano por la persistencia del conflicto armado. Sin embargo, también se pueden experimentar efectos adversos porque estas zonas, con altísimo valor en fauna y flora, ahora pueden ser explotadas por terceros que no llegaban al territorio por razones de seguridad.

Bajo este escenario, la cuenca del río Atrato, el más caudaloso del país y el tercero más navegable de la Nación, representa una esperanza para sus pobladores. Ubicado en el Chocó, sirve de arteria para nueve municipios de este departamento y tres de Antioquia. En algunos casos es su única ruta de conexión con el mundo.

Este afluente, además de constituir una vía de comunicación y transporte para Chocó, albergó a paramilitares y guerrilleros que hicieron difícil –o casi imposible– el tránsito por sus aguas. De hecho, entre 1996 y 2005, decenas de cadáveres fueron arrojados al río por parte de grupos armados. Extorsiones, controles de rutas y tráfico de drogas también hacen parte del prontuario de este raudal. Otro de los problemas que afronta es la extracción ilegal de oro que deja altísimos niveles de mercurio y cianuro en su recorrido.

La del Atrato es una historia ligada al olvido, al conflicto y a la violencia, pero también es el relato de una zona con un potencial en biodiversidad comparable al Amazonas. Consciente de ello, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-622 de 2016 en la cual reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos.

Se sabe que en el país la extensión del territorio supera al Estado. La escasa presencia institucional en zonas como Chocó, ha permitido que actores ilegales controlen la zona y saquen dividendos de la economía ilícita. Por eso, con la salida de las Farc del conflicto, el Estado debe recuperar lugares que descuidó y abandonó. De no hacerlo, otros actores podrían ocupar las zonas ‘liberadas’ por esa guerrilla y se postergaría, nuevamente, el control territorial institucional.

El río Atrato espera la llegada del Estado, y la decisión de la corte va dirigida a subsanar esa carencia. En tiempos de posacuerdos, el gobierno ha comenzado a responsabilizarse de otros problemas que estuvieron ocultos por el conflicto, como por ejemplo las afectaciones ambientales.

En concordancia con esto, la sentencia T-622 de 2016 ordena a entidades como los Ministerios de Ambiente, de Hacienda y Defensa, a la Policía Nacional, a los gobernadores de Chocó y Antioquia, a Codechocó y Corpourabá, entre otros, a diseñar y poner en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región. También ordena implementar un plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen en el río y en el departamento.

Por otro lado, con las Farc desmovilizadas y el silenciamiento de los fusiles del ELN, la población está realizando acciones locales para recuperar el transporte fluvial en el Atrato y superar el rezago educativo que presenta Chocó. En efecto, líderes de las comunidades negras y resguardos indígenas crearon la Escuela Interétnica de Liderzago Juvenil en las cuencas de Cacarica, Salaquí y Truandó y el casco urbano de Riosucio. El objetivo de esta escuela móvil que recorre parte del río es formar a la población joven que no puede acceder a la educación formal y por ello se expone al reclutamiento de actores armados ilegales o a trabajar en economías ilícitas.

En definitiva el río Atrato, ahora que es sujeto de derechos, tiene la mejor oportunidad no solo para ser descontaminado sino para recuperar su navegabilidad y de esta manera dinamizar una población que ha estado históricamente atrasada en materia económica, educativa, ambiental y social. Es la nueva cara que podría tener esta importante fuente hídrica en tiempos de posacuerdos.

*Politólogo en proceso de grado, con estudios en derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad.