Las jornadas descentralizadas de la Defensoría del Pueblo

Cada lunes, una entidad gubernamental aprueba el envío de unos cinco guacales llenos de fruta, papaya o mora, como refrigerio matutino del plan de alimentación escolar de un modesto colegio rural. Con esta labor, dicho ente cree que cumple su tarea, pero se equivoca. Como no visitó el municipio, desconoce que allí no producen esas frutas y que para traerlas desde otro lugar deben pasar más de dos horas en un vehículo sobre una trocha. Al final, llegan magulladas y en la cocina deciden prepararlas en jugo para no desperdiciarlas. Ese día, los niños recibieron un alimento, pero, ¿qué consumirán el resto de la semana?

Este tipo de historias suceden en forma recurrente en el país. Por eso, más allá de los informes y los mapas, lo verdaderamente importante es conocer el contexto social de los municipios, los corregimientos y las veredas, donde hay carencias abrumadoras, actores armados que vulneran los derechos humanos y la gente se siente desamparada. Pero ningún funcionario estatal lo sabe porque nunca ha estado ahí.

Las jornadas descentralizadas de la Defensoría del Pueblo muestran cómo la institucionalidad puede ejercer sus funciones de cara a la realidad. La entidad tiene a disposición de los colombianos 38 oficinas regionales que operan por medio de 16 brazos: 4 direcciones y 12 dependencias. Estas últimas se enfocan en la población y sus derechos, por lo que existe un representante para la salud, otro para la mujer y género o para las víctimas del conflicto armado.

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Estos días de trabajo fuera de la oficina buscan llevar a la regional, con sus direcciones y delegados, hasta las entrañas de los municipios. Por lo menos una vez al mes, un grupo interdisciplinar visita un municipio priorizado, hace un diagnóstico real, elabora un informe específico y lo remite a la autoridad competente para cada caso. De esa manera, se convierte en un portavoz de las comunidades. En un puente.

La Defensoría del Pueblo representa a los ciudadanos ante el Estado. Por eso su trabajo en defender los derechos humanos es contundente y los casos resueltos con éxito muestran ese compromiso. “Cuando las palomitas llegan, se genera algún efecto”, dice el defensor del pueblo de la regional de Cundinamarca.

En noviembre, realizó una jornada descentralizada en el municipio de Girardot. Durante tres días, cientos de habitantes presentaron sus quejas y, de alguna manera, exigieron garantías al Estado. Los funcionarios visitaron puerta a puerta los sitios más neurálgicos: los centros de salud, las escuelas rurales y los barrios de invasión sobre la ribera del río Bogotá. También organizaron una mesa de atención para las víctimas del conflicto armado.

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En el barrio ribereño de Las Acacias II, más de 20 personas esperaban la llegada de la Defensoría, muchos murmuraban sobre las necesidades más sentidas, hablaban de quién debía arreglar el alcantarillado, pero sobre todo de la importancia de iniciar un proceso de titulación de tierras. “Sin esa legalización el Estado se lava las manos y no invierte. Es vital. Este es nuestro terreno, no tenemos más y lo necesitamos completo”, afirma Julio Rojas, un habitante de aquel sector donde residen cerca de 180 familias.

En menos de una hora, las 20 personas se multiplicaron. Todos guiaban al equipo de funcionarios para que conocieran las situaciones más difíciles dentro de un contexto que por sí mismo es complejo. Visitaron el hogar de Samuel, un niño con microcefalia a quien la EPS Salud Vida dejó de atender y no aceptan en ningún colegio. “Es la primera vez que una entidad del Estado conoce cómo vivimos y son conscientes de nuestra realidad”, dice Edilma Parra, presidenta de la Junta Comunitaria de Vivienda de Las Acacias II.

Al final de la jornada en Girardot los ciudadanos tomaron el altavoz y brotó un ambiente de reconciliación con el Estado. Varios pobladores con incertidumbre sobre su situación obtuvieron respuesta, por fin alguien se preocupaba por darles una solución.