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| 12/13/2019 12:00:00 AM

El bastón de mando: el máximo símbolo del liderazgo indígena

Y también es un ícono de resistencia que recobró su protagonismo político con la Constitución de 1991. Un repaso por la historia de este emblema nacional fabricado con árbol de chonta.

Bastón de mando como símbolo del liderazgo indígena El bastón se ha planteado como una herramienta al servicio de la construcción de una paz duradera en Colombia. Foto: @CATADELMAR_ILLUSTRATOR

El bastón de mando es uno de los símbolos que mejor refleja la impronta de la colonización española en las tierras americanas y, al mismo tiempo, recuerda los procesos de resistencia en contra de su conquista.

En los pueblos indígenas demuestra la capacidad que tiene la colectividad de mantener la armonía en su seno y de inspirar respeto desde la exigencia del derecho a la dignidad. El bastón de mando se fabrica con árbol de chonta, tiene argollas metálicas y cintas de colores, y representa tanto al cuerpo humano como a la comunidad.

Cada año lo reciben los miembros de los cabildos indígenas, o consejos comunitarios, que velan por los asuntos internos y el equilibrio dentro de los resguardos, los territorios donde se asienta mayoritariamente la población indígena en Colombia.

Los resguardos y los cabildos son dos instituciones de origen colonial de las que se apropiaron los pueblos indígenas. En el siglo XVI, en épocas de influencia española y en la continuidad de la merced y el repartimiento de indios –o encomienda–, los reguardos sirvieron para controlar a los primeros habitantes de los territorios “mal descubiertos” y así contrarrestar el poder precolombino al evitar la dispersión de su gente.

Los cabildos, por su parte, se encargaban de administrar a los resguardos, censaban a sus pobladores y recolectaban el tributo. Con el paso de los años, dichas responsabilidades dejaron de ser reservadas para los colonizadores y se transfirieron a quienes afectaban directamente. Poco a poco, los cabildos fueron indígenas. En adelante, la autoridad y el bastón de mando pasarían a manos de los miembros de las comunidades.

Los resguardos corrieron el riesgo de ser disueltos después de la Independencia, en nombre de la supuesta igualdad ciudadana. Pero volvieron a recuperar su protagonismo a finales del siglo XIX. En aquel momento se decretó su carácter “imprescriptible, inembargable e inalienable” a través de la Ley 89 de 1890, por la cual se determinó “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Mientras la Iglesia católica debía responder por los “salvajes” que poblaban la Amazonia, quienes efectivamente estaban en mayores condiciones de atraso; los otros, aquellos “reducidos a la vida civil”, debían confinarse en los resguardos, bajo la potestad de los cabildos.

Un nuevo significado

Pero la historia dio un giro inesperado. Después de casi cinco siglos de resistencia indígena, encarnada en mujeres y hombres como la Cacica Gaitana y Manuel Quintín Lame, en 1971, en el suroccidente del país, nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Así comenzó la lucha indígena desde una estructura organizativa.

Además de pedir la defensa de su historia, de sus lenguas y sus costumbres, del conocimiento y la exigencia de la justa aplicación de las leyes concernientes a estos pueblos, así como de la capacitación de profesores de las diversas etnias, el Cric propendía por la recuperación y la ampliación de los resguardos, y por el fortalecimiento de sus autoridades. Los resguardos y cabildos se convertían en objetivos cruciales de las demandas indígenas en pro del respeto de su autonomía relativa.

Teniendo en cuenta la experiencia del Consejo Regional Indígena del Cauca, el movimiento de las etnias del país se fortaleció y se crearon otras asociaciones. En 1982 se conformó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Sin embargo, estos valiosos pasos tuvieron sus críticas. Este modelo asociativo inspirado en el Cric y la Onic generó dudas entre su propio pueblo.

En ocasiones se afirmó que estaba inspirado en el sindicalismo y alejado de las comunidades. Como respuesta a esos señalamientos, desde el Movimiento de los Gobernadores en Marcha –luego rebautizado como Movimiento de Autoridades Indígenas– se instó por preservar una “política propia”. Pero, más allá de cualquier diferencia, quedaba clara la preocupación por defender el derecho a la autodeterminación dentro de los territorios colectivos.

La Constitución de 1991 marcó a su vez una innovadora etapa en este proceso. Por un lado, el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la Nación se acompañó de una definición de ciudadanía y de unas responsabilidades estatales, que no dejaron cabida para la discriminación.Esto contribuyó a que el contenido racista de la Ley 89 de 1890 fuera declarado inconstitucional por la Sentencia C-139 de la Corte Constitucional, en 1996.

Por otro parte, con base en el mismo principio respetuoso de la diversidad, la Carta Magna ratificó la existencia de los resguardos y los cabildos de los pueblos indígenas. Así plasmó el trato específico de estos últimos, conforme con su integridad cultural. Desde entonces la legislación y los ámbitos de deliberación nacional han ido transformándose, abriéndose para una presencia indígena hasta entonces desconocida.

El regreso del bastón

En medio de todos esos cambios el bastón de mando volvió a entrar en escena. Apareció como protagonista recurrente desde múltiples espacios de interacción que han surgido entre los pueblos indígenas y el Estado. Con él, las autoridades de las diversas etnias han hecho valer los derechos consagrados por la nueva normatividad, y los miembros de los cabildos han logrado detener cualquier tipo de actividad contraria al beneficio de su pueblo, como megaproyectos de infraestructura o extractivistas en sus territorios.

El bastón de mando se ha alzado durante las mingas de resistencia impulsadas con regularidad desde el Cauca. A la vez, es partícipe de las reuniones entre pueblos indígenas y los representantes estatales, que se realizan en el marco de una Mesa Permanente de Concertación. El bastón de mando ha ganado visibilidad a través de las estrategias de vigilancia y protección promovidas por la llamada Guardia Indígena para amparar los resguardos de las incursiones de los actores armados.

En algunos casos, su uso ha generado tensiones porque revela contradicciones frente a la fuerza pública. Así sucedió en julio de 2012, cuando cientos de soldados fueron desalojados del territorio indígena de Toribío. La imagen de uno de ellos, que fue sacado en llanto de su puesto de control, conmovió al país. En otras circunstancias, por el contrario, el bastón de mando ha llegado a ser entregado –o retirado– a diversos dirigentes nacionales, con el fin de reforzar las relaciones de confianza o, por el contrario, para marcar su fin.

Por último, el bastón se ha planteado como una herramienta al servicio de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. En septiembre de 2016, desde el resguardo caucano de La María, las autoridades indígenas ratificaron el Acuerdo de La Habana; posteriormente, se celebró el segundo acuerdo, del 24 de noviembre de 2016.

Sin embargo, como lo reportó la Onic en un comunicado del 9 de agosto de 2019, 158 líderes y lideresas indígenas han sido asesinados tras la firma del Teatro Colón, 94 de ellos durante el gobierno de Iván Duque, y decenas de miles han sido víctimas de amenazas, desplazamiento, reclutamiento forzado y secuestros.

Frente a esta situación, el pasado 12 de octubre, el Cric denunció la muerte de 17 indígenas en el primer semestre de 2019. En la prolongación de una larga serie de concentraciones convocadas para hacer frente a estos peligros, se reunió una asamblea desde el Cauca para seguir “tejiendo resistencia para la vida” con el bastón de mando levantado contra las amenazas.

Lea también: Vivir en peligro, la realidad de los grupos afro e indígenas en Colombia

*Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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