La Constitución Política estableció que los servicios públicos que presta el Estado, directa o indirectamente, son inherentes a su finalidad social: generar bienestar, calidad de vida a la población y garantía y respeto a sus derechos fundamentales. Por eso existe el deber de asegurar su prestación eficiente y la correlativa potestad de los ciudadanos para emprender acciones que exijan atención adecuada. Con base en ello, el Gobierno fortaleció, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, las facultades sancionatorias de la Superservicios, ente encargada de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre entidades y empresas prestadoras de servicios públicos.
El Ministerio de Justicia y del Derecho trabaja, adicionalmente, en formular e implementar modelos locales y rurales que respondan a las necesidades de justicia en los territorios y en sus brechas de acceso. Esto sí que es importante porque, por ejemplo, en la más reciente encuesta de Necesidades Jurídicas del Dane, los servicios públicos ocupan el quinto lugar de conflictos entre los ciudadanos –con una frecuencia de 8,6 por ciento–; ellos están relacionados con facturación o tarifas, inadecuada prestación, desconexión o carencia del servicio y uso ilegal.
El Gobierno pretende que los ciudadanos, ante fallas en la prestación de servicios públicos, conozcan sus derechos y usen rutas para que sus quejas y peticiones sean respondidas. También provee mecanismos de defensa y seguridad jurídica para prestadores ante hechos de uso ilegal de servicios. Junto con representantes del sector y otras entidades institucionales, el ministerio prioriza consultas previas e iniciativas legislativas para facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura de servicios públicos y garantizar el acceso.
Igualmente, es necesario –para nosotros– comprender las complejidades: no solo desde la visión de los casos por debatir en la esfera normativa sino, también, desde la situación fáctica del Estado colombiano. Así, asegurar la existencia de un juez –equilibrado y justo– es vital para aplicar el derecho al momento de tomar decisiones finales, fundamentadas en información de calidad sobre el sector. Esto permitirá generar condiciones para la adecuada ejecución de proyectos, lo cual ayudará desde la institucionalidad a seguir respondiendo por los derechos constitucionales, razón esencial de un Estado como el nuestro.
*Ministra de Justicia y del Derecho.
