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| 9/22/2019 12:00:00 AM

¿Lo que quiere la educación superior es lo que necesita la sociedad colombiana?

Esta es la pregunta que plantea la autora de estas líneas frente al Decreto 1330 que facilita la operación de los programas educativos.

Análisis del Decreto 1330 que facilita el registro de programas educativos El decreto 1330 facilita y agiliza la aprobación del Registro Calificado para los programas académicos de las instituciones de educación superior. Foto: Esteban Toro

Es indudable que el decreto 1330 de 2019 logró ser la reglamentación que los actores de la Educación Superior (ES) de Colombia querían, en cuanto a definiciones o, en algunos casos, indefiniciones, y la operatividad del proceso de obtención y renovación del Registro Calificado (RC), que es el requisito indispensable para operar los programas de la ES. Esto se concluye del discurso de la ministra María Victoria Angulo, quien afirmó que el decreto fue ampliamente acordado con el sector y con la inexistencia hasta hoy de reacciones contrarias a esta reglamentación.

Y no es difícil identificar por qué es un decreto que despierta más aplausos que críticas por parte del sector. En resumen, es porque no pisa ninguno de los callos que se encuentran pendientes por pisar (o discutir) en la ES. Sin embargo, cabe preguntarse si no pisarlos es la estrategia más pertinente para la sociedad colombiana.

Este decreto hace más fácil y ágil la aprobación del RC, es decir, es una herramienta más para fomentar la apertura de programas de ES. Se crea la figura de registro único para facilitar que el mismo programa que se diseña, por ejemplo, para Bogotá, sea impartido en todos los municipios y modalidades en los que la entidad decida hacerlo, y todo esto con una respuesta del Ministerio de Educación (MEN) en mucho menor tiempo del que hoy se toma. Sin embargo, el decreto es vago en definir cuáles serían los requerimientos para garantizar la pertinencia sectorial y regional de estos programas. Cabe entonces preguntarse si en realidad lo que Colombia necesita es fomentar la apertura de más programas de forma indiscriminada.

Adicionalmente, la obtención de estos registros calificados será mucho más fácil, especialmente para todas las Instituciones de Educación Superior (IES) que no tienen un desarrollo amplio de sus áreas de investigación científica y académica. Este nuevo decreto establece que cada IES decidirá sobre el nivel de intensidad en el que se desarrollará la investigación y, por tanto, el perfil del personal que se dedica a este tipo de actividades dentro de la institución. Esto reducirá la exigibilidad que se hacía para que las IES tuvieran profesores con PhD dedicados a la investigación. Se supone que esto permitirá reconocer la diversidad que hay entre las IES, pero a cambio no se definen cuáles serían los perfiles y estándares que deberían seguir y las diferenciaría. Nuevamente nos podríamos preguntar: ¿Reducir la exigibilidad de los procesos de investigación a cambio de nada es lo que necesita la ES en Colombia?

Estos dos temas, entre otros, claramente son convenientes para el sector. Por ejemplo, permitirían definir las diferencias que pueden existir entre un programa de ES impartido por la Universidad Nacional de Colombia y otro por el Sena, pero, desafortunadamente, el decreto no lo hace. Esta reglamentación solo define la parte que no implica retos para los oferentes. No define por ejemplo qué podrías ser si no eres una IES fuerte en investigación. ¿Podrían enfocarse al cierre de brechas del conocimiento, con el compromiso de tener altos resultados de aprendizaje? ¿o en las necesidades del sector productivo y tener grandes metas en enganche laboral?

Esta reglamentación hubiera sido más equilibrada frente a las concesiones, si en realidad hubiera profundizado en elementos que apenas se mencionan: la cultura de la autoevaluación y el requerimiento de crear mecanismos para evidenciar la evolución del cumplimiento de las condiciones de calidad de los resultados académicos. Así como en la obligación del uso de herramientas objetivas y comprobables para garantizar la pertinencia sectorial y regional de los programas ofrecidos.

Pero estas ideas no se desarrollaron y ese sí hubiera sido el verdadero cambio en la ES que requiere Colombia. Si estos elementos fueran el núcleo de esta reglamentación, ello permitiría pensar que su objetivo fue perseguir aumentos en la calidad y menos el de dar concesiones a los actores del sector para no generar las discusiones y las definiciones que le deben al país.

*Exviceministra de Educación Superior.

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