Magistrados corruptos de Cúcuta pagarán hasta 22 años de cárcel

La primera sentencia que dicta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde la expedición del Acto Legislativo que creó la segunda instancia, fue para sancionar de manera ejemplar a dos exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta.

Después de una ardua discusión en Sala Penal sobre si emitir o no sentencias en este periodo transitorio- mientras se crea una nueva sala de investigación y juzgamiento que funja como primera instancia para aforados- fueron siete los magistrados que votaron en favor de que el alto tribunal no se quede paralizado. Otros dos salvaron el voto: Eyder Patiño y Francisco Acuña.

Es así como con ponencia de la magistrada Patricia Salazar procedieron a sentenciar a los exmagistrados Felix María Galvis Ramírez y Fernando Antonio Castañeda Cantillo, quienes aceptaron cargos por una millonaria defraudación a través de fallos de tutela. Pese a que por esta vía podían acceder a por lo menos el 50 % de rebaja de pena por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, las cuentas de la Corte Suprema se fueron por lo alto. En el caso de Galvis Ramírez deberá pagar 22 años de cárcel y en el caso de Galvis Ramírez, 21.

Para la Corte, fueron responsables de hacer parte de una organización delictiva que benefició con fallos de tutela a por lo menos 516 accionantes, que a través de abogados interpusieron un total de 16 de 20 acciones irregulares ante los estrados judiciales en Cúcuta.

A pesar de que ni siquiera correspondían a esa jurisdicción, el modus operandi de la organización consistía principalmente en que les fuera reconocido como factor salarial un incentivo de ahorro, y que les fuera liquidado de manera retroactiva. Además, les reconocieron pagos pensionales injustificados así como reintegros a la empresa Ecopetrol, luego de que fuera declarada la ilegalidad de una huelga.

"Se aprovecharon de su autoridad judicial para defraudar al Estado. El desmedro patrimonal en casos como estos resulta gravemente lesivo para una empresa de carácter mixto, que pudo haber usado esos recursos en la expansión de sus servicios en favor de las comunidades menos favorecidas", indicó la magistrada Patricia Salazar. 

Cada uno de los exmagistrados deberá pagar 32.000 salarios mínimos (alrededor de 24.000 millones de pesos) y quedarán inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos. 

Por padecer una enfermedad coronaria, la Corte Suprema de Justicia pidió que Castañeda Cantillo sea evaluado nuevamente por Medicina Legal, entidad que deberá certificar si el sentenciado puede o no cumplir la sentencia en centro carcelario.

Al final de la lectura del fallo, la magistrada Salazar aseguró que contra la sentencia no proceden recursos, ya que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia seguirá fallando como tribunal de cierre.