LAS CARTAS SOBRE LA MESA

En Francia se agita actualmente un debate interesante sobre la libertad de prensa. De hecho, esta polémica, con 166 horas de discusión, ha batido todos los récords de la Asamblea Nacional Francesa. La cosa gira alrededor de un proyecto de ley de origen gubernamental sobre prensa escrita, que para la oposición es un proyecto "totalitario" y para sus defensores es un medio para garantizar la libertad de prensa y asegurar su desarrollo.
La táctica empleada por la oposición desde el 13 de diciembre pasado, cuando Pierre Mauroy lo presentó ante el parlamento, explica esa duración. Los amigos de Jacques Chirac y Valery Giscard D'Estaing optaron por multiplicar las enmiendas (unas tres mil para sólo 42 artículos) buscando retardar así la proclamación de una ley que, según ellos, pone en peligro la libertad de la prensa escrita. Para el gobierno se trata únicamente de actualizar y adaptar "las ordenanzas del 26 de agosto de 1944" sobre dos puntos primordiales: limitar la concentración, asegurar la transparencia financiera y el pluralismo de las empresas de prensa.
En realidad, esas ordenanzas nunca han sido aplicadas. En ellas, los legisladores estipulaban que una persona no podía dirigir o controlar más de un diario, pero olvidaron puntualizar que esa prohibición cobijaba tanto a las "personas físicas" como a las "personas morales", es decir, a las empresas comerciales. Entonces, y basándose en esa imprecisión, se levantaron varios imperios de prensa, especialmente el grupo "Socpresse" que comprende unos veinte diarios y más de una decena de revistas. Según el gobierno de Francia, ese imperio es un peligro para la libertad de la prensa. Dirigido por Robert Hersant "Socpresse" controla el 20% del total de la prensa escrita del país. Para limitar esa concentración, el proyecto de ley especifica que una persona puede poseer o controlar varios diarios nacionales de información política y general si el total de su difusión no excede el 15% de la difusión de los demás diarios nacionales. Un porcentaje similar ha sido fijado para los diarios regionales mientras el proyecto precisa que una persona puede poseer, a la vez, diarios nacionales y regionales si no supera el 10% del total de la difusión de los grupos equivalentes.
Con estas medidas, la administración Mitterrand quiere establecer la transparencia financiera en las empresas de prensa. Para ello, el proyecto de ley suprime la diferencia entre "persona física" y "persona moral" contenida implícitamente en las "ordenanzas de 1944" que prohibe prestar su nombre a toda persona que posea o controle una empresa de prensa y dispone que todas las acciones que representen por lo menos el 20% del capital, deberán ser nominales.
Los periódicos tendrán que publicar el nombre del propietario, del director de la publicación y de los responsables de la redacción y dar a conocer, cada año, el balance económico de sus actividades así como las cuentas de la sociedad editora. Paralelamente, los diarios deberán tener un equipo de periodistas profesionales suficiente para garantizar la autonomía del periódico. De esta manera, el proyecto busca poner fin a la mistificación que consiste vender un periódico bajo dos nombres (como hace el grupo Hersant con Le Figaro y L'Aurore) y hacer periódicos sin periodistas.
Es la primera vez que la ley integra la idea de que el periódico es un lugar de vida, de creación y de reflexión. Es la primera vez, igualmente, que la ley hace referencia a los periodistas bajo una forma colectiva. La ley reconoce que es la redacción la que da al periódico su vida propia, su estilo, su espíritu. Las redacciones serán, pues, autónomas y tendrán que ser consultadas en caso de cambio de propietario del periódico o de cesión de una parte importante de su capital.
Esto explica por qué la mayoría de periodistas en Francia se muestra favorable al proyecto gubernamental. La federación francesa de redactores ha criticado, sin embargo, dos hechos: que la idea de autonomía de la redacción concierna únicamente a los diarios y que los equipos de redacción no sean dotados explícitamente, en el proyecto, de una personalidad jurídica.
Parte de la prensa ha señalado, por otra parte, cómo ese proyecto, elaborado sobre medidas para combatir el trust de Robert Hersant, ha dejado intactos los monopolios regionales de prensa. En 23 departamentos los lectores no disponen, en efecto, sino de un diario local. Y algunos de ellos, como Quest-France que vende cerca de 800 mil ejemplares en el oeste del país (15.000 en París) --lo cual lo convierte en el primer diario francés por su difusión-- seguirá siendo considerado como un diario regional.
En este sentido, el proyecto considera que un diario es nacional Si realiza el 20% de su difusión por fuera de sus tres principales zonas de implantación o si consagra regularmente más de la mitad de su superficie redaccional a la información nacional e internacional. Esta definición, estima el diario Liberation, incrementará aún más la mediocridad de la prensa regional francesa.
Como quierá que sea, la polémica en torno al proyecto no ha permitido abordar los verdaderos problemas que conoce la prensa en Francia. La baja sensible de lectores, por ejemplo, confirmada por la UNESCO al afirmar que el número de periódicos vendidos por mil habitantes pasó de 252 en 1960 a 196 en 1979. El gobierno tampoco ha dicho qué pasará con los periódicos que tienen serias dificultades tras el desmantelamiento, bien relativo, del imperio Hersant. ¿Serán financiados por otros grupos? ¿Cuáles? ¿El Estado incrementará las ayudas que suministra a la prensa en general?
Politizado al máximo entre la derecha y el gobierno, este debate no ha podido responder todavía a dos preguntas cruciales: ¿cómo hacer para que una sociedad democrática pueda estimular el pluralismo de la prensa?, ¿cómo defender a los periódicos, los periodistas y los lectores, de las leyes implacables del mercado?--