Hablar del ahorro en los fondos privados de pensiones es un tema sensible. Se trata de las cotizaciones de 19 millones de personas, que, según Asofondos, han visto crecer sus aportes para la vejez gracias a la rentabilidad de las inversiones en el exterior. De hecho, un millón de pesos invertido hace diez años en un fondo moderado hoy valdría 2.379.311 pesos. Si ese mismo monto se hubiera mantenido en el portafolio local, sería de 1.489.882 pesos, según Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP.
Los rendimientos generados desde la creación del régimen de ahorro individual equivalen al 73 por ciento del valor de los fondos que lo administran, lo que significa que 370 billones de la plata para las pensiones de los afiliados a las AFP provienen de ganancias por inversión. Por eso, la medida para hacer cambios en ese frente, a través de un proyecto de decreto expuesto para comentarios hasta el 4 de febrero, causa tanta polémica.
La propuesta fue suavizada
La propuesta busca que las AFP ajusten sus inversiones en el exterior a un límite global de 35 por ciento en tres años, para luego llegar a un 30 por ciento en cinco años. Las estadísticas que se tienen hasta noviembre indican que los activos administrados por los fondos privados ascienden a 527,3 billones de pesos, 48,8 por ciento de los cuales, es decir, 257,1 billones, están fuera del país.
Luego de una fuerte tensión desatada por la expectativa de conocer el contenido real del decreto, el debate pareció entrar en aguas mansas, como lo confirma Miguel Largacha, presidente de Porvenir, uno de los cuatro fondos privados de pensiones que existen.
El experto participó en una mesa técnica convocada por la Procuraduría General para tratar de desenredar la madeja acerca de los verdaderos alcances de la medida propuesta. “Alrededor de la iniciativa se alcanzó a hablar de seis meses a un año para la gradualidad, y ahora están contemplando cinco años. Eso significa un avance en términos de tiempos. Vienen más mesas técnicas a medida que se produzcan comentarios del proyecto. La expectativa es que se siga mejorando el contenido”.
Desde todo punto de vista, los recursos pensionales de los colombianos están altamente protegidos, como lo demostró el trámite de la reforma pensional. Esa ley le asignó al Banco de la República, por su trayectoria y transparencia, la administración del fondo de ahorro del pilar contributivo –es decir, el de los cotizantes– precisamente para reforzar su seguridad.
Hasta ahora, y mientras la reforma pensional –que asigna nuevas funciones al Emisor y modifica reglas del sistema– sigue pendiente de la decisión de la Corte Constitucional, el deber legal de los administradores de fondos ha sido, y sigue siendo, buscar los mayores retornos posibles para los afiliados mediante inversiones prudentes y rentables.
Por eso, el proyecto de decreto incluyó un esquema de estabilización: si se advierte un posible perjuicio para los afiliados, se podrían ampliar los plazos más allá del tope fijado a fin de hacer los ajustes de la mejor manera.
Es para impulsar el mercado de capitales
Pero, en medio de ese cuidado con los recursos pensionales de los colombianos, el Gobierno argumenta que se requiere impulsar el mercado de capitales, es decir que más plata para inversión circule en la economía. Así, se puso el ojo en el ahorro pensional, que cada año aumenta en 42 billones de pesos, según César Ferrari, superintendente financiero.
Esos recursos, aseguró el funcionario, “ya no saldrían del país, sino que se canalizarían hacia el mercado de capitales interno”. Con ello se ampliaría la oferta de liquidez que hoy necesita el mercado local.
Ahorros pensionales no son dineros públicos
De acuerdo con lo incluido en el proyecto de decreto, se tendría que reasignar parte de los ahorros administrados por las AFP en el exterior a sectores productivos previamente priorizados. Hasta el momento se habla de infraestructura, vivienda, transición energética y otros que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo del país.
El objetivo parece loable, pero una fuente cercana al tema pensional advierte que en el proyecto de decreto se trata de asumir los ahorros de las personas como dineros públicos, por lo que sugiere que se tenga cuidado en no desdibujar lo que está vigente y terminar financiando obra pública con pensiones.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), adscrita a esa cartera, asegura que el proyecto de decreto no afectará los derechos adquiridos de los afiliados ni modificará las condiciones de reconocimiento y pago de las pensiones. La aclaración busca disipar preocupaciones surgidas tras versiones que advertían que un enfoque de inversión forzada, como el planteado, podría perjudicar el ahorro de los trabajadores. “Toda limitación a la diversificación es mala para el ahorro pensional de los trabajadores. Reduce la rentabilidad y aumenta el riesgo. Desde 2011, un millón de pesos rindió 8,5 por ciento anual, con un riesgo bajo”, argumenta Velasco.
Inversión local: ¿en qué?
Sin duda, los fondos de pensiones son los mayores inversores en activos, como títulos de deuda pública, acciones transadas en la bolsa, en infraestructura y, en general, proyectos de desarrollo. El problema es que, por ser plata de los ahorradores, no se podrían lanzar con cualquier inversión, sino con aquellas que tengan reglas del juego claras y, prácticamente, ofrezcan total o al menos la mayor seguridad en la generación de rentabilidad y liquidez. “Los fondos privados, en términos de inversiones, prácticamente están en todo. El lío en el entorno local es que no hay proyectos”, dice Largacha.
Así las cosas, ese podría ser el talón de Aquiles del proyecto de decreto, pues el país ya vivió una experiencia similar cuando en 2018 se intentó impulsar una estrategia de inversión ambiciosa. En ese momento se creó un fondo de capital privado, con participación de inversionistas canadienses, como Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), y una alianza que incluía a las AFP colombianas, la Financiera de Desarrollo Nacional y el DNP.
La iniciativa contemplaba compromisos por más de 1.000 millones de dólares para financiar infraestructura y proyectos inmobiliarios, con la idea de atraer capital extranjero al mercado pensional y al desarrollo del país. Sin embargo, como recuerda Largacha, “el fondo abortó después de muchos intentos porque no encontramos proyectos”.
La propuesta de ahora contempla la posibilidad de promover un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, lo que podría demandar un largo plazo.
El presidente de Porvenir justamente señala que ese sería el gran reto. “Debemos encontrar los proyectos de infraestructura y de desarrollo económico del país que permitan tener el nivel de riesgo y de retorno que esperamos. Ahí estará la clave”.
No obstante, no faltan las voces que alertan sobre la restricción inversionista, que, en todo caso, se consolidaría hasta dentro de cinco años; es decir, tocaría más la plata de los nuevos aportes pensionales. Dicho tope “reduciría la diversificación de los portafolios, exponiendo los ahorros a los choques internos”, señala una fuente experta.
¿Y el efecto sobre el dólar?
Mucho se ha hablado también del remezón cambiario que podría traer la medida en relación con las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior. Se habló de que una traída abrupta de dólares para circular en el mercado local podría provocar una fuerte caída en la tasa de cambio, hasta niveles por debajo de los 3.000 pesos inclusive. Sin embargo, una vez se destapó el contenido de la propuesta, se confirmó que no habrá una necesidad estricta de repatriar divisas. “El cumplimiento de los nuevos límites puede lograrse simplemente frenando nuevas compras de activos en el exterior y apoyándose en la valorización de los activos y en aportes locales para ajustar los pesos del portafolio”, explica una fuente.
Es más, Credicorp Capital mencionó que el impacto de una eventual nueva regulación frente a las inversiones de las AFP estaría más ligado a la incertidumbre, por lo que sería de corto plazo. Daniel Velandia, de Investigaciones Económicas de la firma, señala que el efecto sería una depreciación de la divisa de al menos 150 o 200 pesos. Por lo pronto, el proyecto de decreto sigue su marcha y aún se desconoce si quedará en firme como está o tendrá nuevas modificaciones.
